La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó el 08 de noviembre del presente año, dentro de su 188 Período Ordinario de Sesiones, la audiencia pública “Guatemala: personas defensoras y operadoras de justicia frente al sistema de justicia penal”. Los peticionarios se conformaron por un grupo de cuarenta y cuatro exfuncionarios y exfuncionarias de justicia de Guatemala en el exilio, 09 organizaciones nacionales de derechos humanos que integran la Convergencia por los Derechos Humanos y dieciséis organizaciones internacionales. Por parte del Estado de Guatemala comparecieron virtualmente representantes de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público.
Las audiencias temáticas tienen como objetivo que la Comisión Interamericana reciba denuncias, planteamientos y discusión sobre hechos o circunstancias que ponen en grave riesgo derechos y libertades reconocidas en el Pacto de San José, por lo que es una oportunidad para resaltar o hacer visibles temas que afectan los derechos humanos.
La audiencia se desarrolló inicialmente con las intervenciones de los peticionarios, quienes tuvieron la oportunidad de argumentar sobre hechos y casos concretos relacionados al uso indebido del Derecho Penal en Guatemala, así como un análisis contextual de la situación que pone en grave riesgo los derechos humanos y el sistema democrático. La versión oficial y defensa de la delegación del Estado se concretó a restar credibilidad a las denuncias de los peticionarios, así como a defender las actuaciones de funcionarios que están al frente del sistema de justicia guatemalteco. Las preguntas y comentarios de las y los comisionados cobraron gran relevancia, porque revelaron incongruencias en las intervenciones del Estado, además de pedir informe al Estado sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informe de país.
Los temas expuestos por los peticionarios se enmarcaron en la criminalización de personas operadoras de justicia, defensores y defensoras de derechos humanos y el impacto en sus vidas profesionales, laborales y familiares. Asimismo, abordaron el tema de la manipulación del sistema penal para entrometerse en el proceso electoral y criminalizar a quienes tuvieron participación en su organización y desarrollo.
La cooptación del sistema de justicia en Guatemala afecta el Estado de Derecho, como ejemplo claro de ello es la no elección de Cortes del Organismo Judicial, cuyos magistrados y magistradas debían estar en sus cargos cinco años; sin embargo, al día de hoy tienen nueve años, no obstante esta semana la Corte de Constitucionalidad decidió de oficio fijar plazo y forma de la elección, pero resulta que el daño al sistema de justicia y la falta de certeza jurídica en el país ya están hechos.
Se le llama cooptación del sistema de justicia porque retardar la elección e integración de magistrados de las Cortes del Poder Judicial, es una clara intromisión indebida de otros poderes del Estado en la administración de justicia, porque demuestra un interés ajeno al que dispone la Constitución de la república. Además, porque la elección de magistraturas en 2014 fue bajo un proceso con muchas irregularidades y cuestionamientos, dentro de las cuales se pueden mencionar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público -FECI-, en ese momento adelantó investigaciones respecto de funcionarios postulados en casos de corrupción y manipulación del sistema de comisiones de postulación, lo que viciaba el mismo, no siendo idóneos los sindicados para tan importantes cargos en la administración de justicia.
Otro caso que los peticionarios en la audiencia revelaron y que demostraría la cooptación del sistema de justicia, es el hecho de que la Corte de Constitucionalidad integrada en 2021 fue objeto de graves señalamientos en los procesos de elección de magistrados afines a las élites de poder político y económico. Un ejemplo lo constituye que el Congreso de la República no dio posesión a la magistrada electa por la Universidad de San Carlos.
Respecto al Ministerio Público, se indicó que el mismo se encuentra cooptado por la Fiscal General Consuelo Porras. Durante esta gestión se desmanteló la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), siendo un actor clave en la criminalización y persecución indebida de operadores de justicia, fiscales, periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos, en una clara y evidente venganza, porque los hechos atribuidos están íntimamente relacionados con sus deberes cumplidos.
Los procesos penales iniciados caben dentro de un patrón sistemático de criminalización, porque los mismos no constituyen un hecho aislado, sino que bajo una misma estrategia se persigue a quienes anteriormente cumplieron con las responsabilidades de sus cargos públicos o de su labor dentro de la sociedad, se enumeraron como tales los siguientes: se inicia con una denuncia espuria; posteriormente se solicitan antejuicios o se emiten órdenes de aprehensión sin fundamento. Las investigaciones se declaran en reserva para obstaculizar el acceso a la justicia de los imputados, se niega el acceso a la prensa y a la opinión pública. Se despliegan campañas de desprestigio y estigmatización en redes sociales y medios de comunicación afines al gobierno. Es por ello que estos procesos tienen el claro objetivo de cobrar venganza.
El resultado de la criminalización iniciada en Guatemala, tiene al menos 45 ex operadores de justicia en el exilio y más de 10 enfrentan procesos penales, es decir en contra de quienes se han emitido decisiones judiciales como órdenes de captura o de prisión preventiva. Se mencionaron los casos de la ex fiscal Virginia Laparra y la ex mandataria de CICIG Claudia González, como claros ejemplos de criminalización, porque actualmente se encuentran sufriendo privación arbitraria de su libertad, toda vez que los hechos por los cuales fueron enviadas a prisión se relacionan directamente con el trabajo que desempeñaron, demostrándose con ello que los procesos iniciados en su contra constituyen actos de venganza por el deber cumplido.
Los peticionarios denunciaron la criminalización como estrategia de venganza contra quienes defienden derechos humanos en el país. La afectación de las personas defensoras implica “deterioro de condiciones económicas y psicológicas, impacto negativo sobre su tejido familiar, organizativo y también experimentan estigmatización que perdura”. Este tipo de acciones no solo afecta directamente a la persona defensora, sino que también de manera indirecta a toda la sociedad, porque se limita el libre ejercicio de sus actividades que procuran la promoción de los derechos y libertades en una sociedad democrática.
Con relación a la criminalización contra periodistas, las mismas tienen afectaciones en lo individual y gremial, también el derecho de la ciudadanía a estar informados. Se indicaron como claros ejemplos de desviación de los fines punitivos del Derecho Penal, el hecho que éste se utilice para tomar represalias contra periodistas por sus publicaciones e investigaciones de casos de corrupción, siendo un ejemplo claro de ello, la detención y juzgamiento del periodista José Rubén Zamora, presidente y fundador de “elPeriódico” quien tiene un año y cuatro meses en prisión. Este medio de comunicación tuvo que cerrar ante la presión del gobierno y por las acciones de persecución planteadas por el Ministerio Público. Sobre este tema, el relator de libertad de expresión Pedro Vaca, reiteró su solicitud al Estado de Guatemala para visitar el país y constatar directamente las condiciones bajo las cuales se encuentra privado de libertad.
La criminalización en contra de fiscales y jueces, defensores de derechos humanos y la prensa independiente, constituyen un grave antecedente que les funcionó y que les sirve para criminalizar y judicializar el proceso electoral. Estas acciones indebidas, surgieron como consecuencia del resultado electoral del 25 de junio y 20 de agosto, porque para sectores e intereses oscuros, no es de su conveniencia un gobierno distinto a los que tradicionalmente han gobernado, porque ello implicaría la pérdida de privilegios y la posibilidad de enfrentar la justicia. Por lo que puedo concluir que los niveles de cooptación de la justicia y la manipulación del sistema penal en Guatemala, se convierten en una herramienta útil para atentar contra la voluntad popular, lo que constituía en un claro golpe al sistema democrático.
Las acciones y resoluciones del Ministerio Público y tribunales de justicia contra el proceso electoral, han utilizado la Ley Contra la Delincuencia Organizada, como fundamento jurídico para solicitar y ordenar la suspensión del partido político Movimiento Semilla. Es evidente que no es el ámbito para el cual dicha normativa fue aprobada, sino como su nombre lo indica perseguir los grupos criminales organizados, no partidos políticos. Las órdenes de allanamiento, secuestro de documentos electorales, solicitudes de antejuicio contra magistrados electorales y citaciones de miembros de juntas electorales y del Tribunal Supremo Electoral, son una clara muestra de las perversas intenciones para atentar contra la decisión del pueblo en las urnas electorales. Por ello, los peticionarios en la audiencia fueron claros en afirmar que todas estas acciones que amenazan la integridad del proceso electoral han sido rechazadas a nivel nacional e internacional porque ponen en riesgo la democracia.
Se resaltó en la audiencia la importancia y relevancia que tiene la protesta social pacífica liderada por las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Indígenas de Guatemala, quienes en defensa de la integridad del proceso electoral, desde el 2 de octubre en diferentes regiones del país han liderado manifestaciones exigiendo el respeto de la voluntad popular y la renuncia de los autores del golpe judicial al proceso electoral. La protección y defensa de dichas manifestaciones legítimas de la ciudadanía es una responsabilidad ineludible del Estado guatemalteco.
Y por último, las peticiones concretas fueron presentadas por el exfiscal Juan Francisco Sandoval quien solicitó, entre otras, que la Comisión Interamericana inste al Estado de Guatemala, en particular al Ministerio Público, para que cese de forma inmediata la persecución y acoso judicial contra funcionarios de justicia, funcionarios electorales, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, autoridades indígenas y opositores políticos. Asimismo, que se cree un mecanismo especial para el seguimiento a las recomendaciones de los informes a Guatemala y mantenga a Guatemala en el Capítulo IV del Informe Anual 2023.
Las intervenciones de las y los funcionarios en representación del Estado de Guatemala, fueron duramente cuestionadas y debatidas en la sesión, porque manifestó Ramiro Alejandro Contreras Escobar, encargado de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPREDEH) que esperaba con los exoperadores de justicia “un diálogo constructivo y enriquecedor”, argumento que fue objeto de comentarios y solicitudes de aclaración por parte de la comisionada Esmeralda Troitiño y comisionado Carlos Bernal Pulido, en el sentido de que resultaba contradictorio el hecho de que por un lado el Estado negaba los hechos denunciados por los peticionarios y por otro instaban a un diálogo, lo que hacía imposible este, por lo que se debía ser claro en su postura.
Y es que el Estado negó que en Guatemala existiera criminalización y hostigamiento contra exoperadores de justicia, sin argumentar o demostrar lo dicho; sin embargo, al existir casos y personas en concreto respecto de las cuales se han iniciado acciones penales, deberá el Estado aportar información que obre en las instancias nacionales y respecto de las cuales se podrán arribar a conclusiones de la grave situación denunciada. Y para ello, la Comisión requirió al Estado información precisa de los hechos y casos sometidos a su conocimiento.
En general la actitud asumida por la delegación del Estado, se enmarcó en la defensa de los procesos legales y electorales, no contrargumentó respecto de los casos específicos que se detallaron. Tampoco la delegación explicó si existían procesos penales en contra de exoperadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y funcionarios electorales por realizar tareas propias de sus funciones. Por el contrario fue abundante información en defensa de la gestión de la Fiscal General Consuelo Porras y del Organismo Judicial. No son suficientes las formas y los números, sino el contenido y los objetivos que las instituciones del sistema de justicia persiguen, donde la legitimidad y honorabilidad de las autoridades para el ejercicio de sus funciones, es importante porque de ello depende la confianza ciudadana y el fortalecimiento institucional.
Y para concluir las intervenciones por parte del Estado, tuvo participación la magistrada de Corte Suprema de Justicia reinstalada fuera del plazo constitucional Blanca Aída Stalling Dávila, quien manifestó que estuvo en prisión y defendió la decisión de dar trámite a las diligencias de antejuicio contra magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral. Hizo alusión que solo les correspondía verificar si los hechos denunciados eran espurios, políticos o ilegítimos; quedando en evidencia que no cumplieron esa función calificadora que impone la ley de la materia, porque la denuncia es improcedente, porque es un acto de venganza por las decisiones asumidas en el proceso electoral.
Refirió la magistrada en mención que los operadores de justicia están en el exilio por una decisión voluntaria y que en el caso de los exjueces tomaron la decisión de salir de Guatemala en el momento del planteamiento del antejuicio. Es evidente que la decisión de renunciar y salir del país obedece a la persecución criminal espuria iniciada por personas inconformes con las decisiones judiciales. Las personas denunciantes, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia utilizan el sistema de justicia penal como una herramienta de venganza, de acoso y hostigamiento, por ello la decisión de salir del país, no es un acto voluntario. En razón de lo anterior, los países receptores otorgan asilo o refugio, porque se les demuestra y se convencen que en Guatemala existe persecución indebida y graves riesgos de sufrir daños irreparables e incluso perder la vida.
En su intervención final la magistrada Stalling indicó que “Nosotros como Corte Suprema de Justicia no podemos intervenir en los procesos y darles ningún tipo de instrucción a los jueces, respetamos sus resoluciones…” una afirmación alejada de la realidad de los hechos, porque precisamente las razones por las cuales fue procesada y separada del cargo fueron porque me citó a su despacho y me dio instrucciones para dejar libre a su hijo acusado de corrupción. Por lo que no queda más que afirmar que la impunidad es el fracaso de la justicia y cuando la ley no se aplica, el delincuente miente y se burla descaradamente.
Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyas funciones emanan de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, le corresponderá sistematizar la información recibida en la audiencia y la que obtenga adicional del Estado, para fundamentar decisiones futuras y reiterar al Estado de Guatemala que cumpla con sus obligaciones internacionales. De manera particular, que Guatemala cumpla con las recomendaciones contenidas en el Informe Anual 2022, cuyo Capítulo IV b) coloca al país junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, como países donde existen situaciones y amenazas que atentan contra los derechos humanos y que de manera urgente requieren atención especial.
