Hace unos días leía un intercambio en una de las redes sociales. Una persona se quejaba de que ciertas decisiones judiciales relacionadas con las manifestaciones públicas recientes estaban parcializadas o sesgadas en contra de los manifestantes, y otra persona le replicaba algo así como: –“Y la CICIG-FECI y sus jueces ¿no actuaban sesgados a favor de la izquierda?”
A los pocos días veía parte de un debate en “Tan Gente” entre los diputados Samuel Pérez y Álvaro Arzú y el primero se quejaba de que algunas de las acciones del MP se dieran respecto de denuncias de hace ya unos meses justamente ahora, evidenciando –en su opinión— intenciones ulteriores de poner en tela de juicio el proceso electoral. Arzú replicaba que, de la misma manera, hace unos cuatro años la CICIG-FECI promovió diligencias de antejuicio en contra del alcalde metropolitano y de candidatos unionistas apenas cuarenta y ocho horas antes de las elecciones de aquel entonces, obligando a los afectados a defenderse de unas acciones que, del mismo modo, tendrían que juzgarse políticamente sesgadas.
Estos cuadros anecdóticos me parecen, por así decirlo, comprensibles. Son una manera de decirle a un oponente algo así como: –“No te quejes ahora de lo que los tuyos también hacían cuando tenían la sartén por el mango.” O bien: “toma tú ahora un poco de tu propia medicina”.
Empero, si los guatemaltecos van a estar, generación tras generación, procurando tomar “la sartén por el mango” para “dar a sus contendientes políticos un poco de su propia medicina», nunca va a ser posible alcanzar la paz social. Algún día, pienso yo, tiene que romperse ese ciclo autodestructivo que pone límites muy cortos al desarrollo político e institucional del país. ¿Cuánto se ha perdido sólo estas tres semanas a costa las acciones legales que se han invocado como la causa de las manifestaciones y bloqueos?
Las diferencias ideológicas y políticas son inevitables y es indispensable contar con un régimen político en el cual puedan expresarse y debatirse pública y libremente, pero sin tener acceso al sistema de justicia para favorecer a uno u otro bando. La justicia debe ser protegida, aislada, apartada de las luchas ideológicas y políticas. ¿Cómo se consigue eso?
Literalmente, por miles de años la administración de justicia era una de las funciones de gobierno. El rey, el príncipe o quien hiciera sus veces designaba a los funcionarios encargados de administrar justicia y la justicia se administraba en nombre del soberano. No fue sino hasta el siglo XVIII que se desarrollaró la teoría de la separación de los poderes del Estado y que, de la mano de las revoluciones americana y francesa se plasmaron en los textos constitucionales de la época las reglas que darían origen al ideal de una justicia verdaderamente independiente.
A lo largo de esos dos siglos y medio desde entonces, ese ideal se ha ido perfilando como uno de los elementos principales del “Estado de derecho”. Hoy en día es imposible hablar de Estado de derecho sin implicar, necesariamente, la existencia de un poder judicial verdaderamente independiente. Esa condición se consigue como resultado de una selección cuidadosa de los integrantes del Poder Judicial y de los demás órganos del sistema de justicia (el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, el Servicio Forense, etc.), de estabilidad en los cargos por períodos suficientemente largos de tiempo y de inamovilidad (salvo por causas legalmente establecidas) y de una dignificación material y honorífica de las funciones de justicia. En algunos países eso se ha logrado por medio de nombramientos vitalicios (como en los EEUU) y en otros, estatuyendo una carrera judicial (como en general en Europa).
En Guatemala, desde la fundación de la república, esas condiciones nunca se han alcanzado. En sus diversas constituciones y en su legislación se ha aludido con frecuencia a la independencia del Poder Judicial y de otros órganos del sistema de justicia, pero la reglas aplicables más bien han generado una marcada dependencia de la política y de los grupos de interés. NoLa duración de las funciones ha sido excesivamente corta, los procesos de selección han dado lugar a pactos y negociaciones entre facciones políticas y grupos de interés y el régimen de la llamada –sólo de palabra—“carrera judicial” ha quedado supeditado, al final de cuentas, a decisiones más o menos discrecionales de la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, es fruto de dichos pactos y negociaciones.
Sería una tremenda iniquidad desconocer que ha habido algunos funcionarios del sistema de justicia que han intentado cumplir con su deber y que han procurado hacerlo con dignidad e independencia; sin embargo, la justicia es un sistema y sólo incide lo suficiente en la vida pública de la sociedad y el Estado cuando sus efectos son “sistémicos”.
Las grandes crisis presentan grandes desafíos, pero también grandes oportunidades y, según veo las cosas, esta es una de ellas. Es una oportunidad para concebir algún tipo de “justicia transicional” hacia una “justicia nueva” que sea capaz de romper ese ciclo de instrumentalización de las instituciones judiciales y dé paso a un verdadero Estado de derecho, con grandes debates públicos y un libre juego de ideas, pero sin instrumentalizar esa columna vertebral del ideal del imperio del derecho que es el sistema de justicia.
