LA DEMOCRACIA AMENAZADA

Luis Fernando Mack

“Después de una etapa preelectoral caracterizada por un clima de polarización política y judicialización, el periodo entre la primera y la segunda vuelta electoral llevó al límite a la institucionalidad democrática del país y volcó sobre Guatemala la atención de la comunidad internacional, ante amenazas claras a la integridad del proceso e intentos por desconocer la voluntad popular expresada en las urnas el 25 de junio”. MOE-OEA

Las elecciones 2023 llegaron finalmente a su fin, después de muchos momentos de incertidumbre y tensión que han caracterizado al proceso electoral más atípico y complejo que Guatemala ha enfrentado desde 1985 a la fecha. El resultado, tal como lo vaticinaron las encuestas, le dio ventaja al candidato que era percibido como una alternativa real a quienes han gobernado desde hace décadas; la promesa de cambio y de renovación invadió las redes sociales, y las calles de muchas ciudades se llenaron de la algarabía ciudadana, que salió a festejar de forma apoteósica lo que percibían como una gran victoria del pueblo guatemalteco.

Atrás habían quedado las amenazas legales e institucionales, las mentiras y las campañas de desinformación que pregonaron no la candidata y los partidarios de la Unidad Nacional de la Esperanza, sino también un nutrido grupo de líderes religiosos y operadores políticos de instituciones abiertamente contrarias al partido Semilla, tales como la fundación contra el terrorismo y la dueña de Vea Canal, Karina Rottman, entre otros personajes destacados.

El día de las elecciones transcurrió con normalidad, pese a la amenaza velada que el MP había lanzado días previos, al advertir de posibles delitos que los ciudadanos de las juntas receptoras de votos podrían cometer si alteraban las actas de conteo de votos. Pese a ello, la gran mayoría de integrantes de las juntas receptoras se presentaron a su centro de votación, protagonizando una jornada cívica ejemplar, en la que se transmitieron los datos de forma sorprendentemente ágil y sin contratiempos: alrededor de las ocho de la noche, la casi totalidad de actas estaban contabilizadas, por lo que desde esa temprana hora de la noche, las expresiones de júbilo se empezaron a multiplicar: el virtual ganador era Bernardo Arévalo, el candidato identificado por muchos como el que materializaba la esperanza de cambio y trasformación que muchos ciudadanos anhelan.

Los porcentajes de Arévalo y Torres se parecían enormemente a lo ocurrido en los años 2015 y 2019: una relación de 6 ciudadanos a 4 le daban el triunfo al partido Semilla sobre la UNE, con un dominio territorial de Arévalo en las grandes ciudades, y un predominio de Torres en el resto del país. Los distritos clave de la elección 2023 fueron la capital y el distrito central, donde Arévalo obtuvo 687,988 votos de diferencia de los 874,189 votos totales que obtuvo el Partido Semilla sobre la UNE, algo parecido a lo ocurrido en el 2019: en ese año, Alejandro Giammattei le sacó 503,619 a Sandra Torres, lo que significa que ha sido la capital y el departamento central quienes se han convertido en la piedra en el Zapato para la tres veces perdedora de una elección presidencial.

La segunda vuelta electoral fue entonces una auténtica fiesta cívica, ya que los votantes no se dejaron amedrentar por las amenazas judiciales que el MP lanzó de forma irresponsable, ni parece tampoco haber sido influenciados mayoritariamente por las campañas de desinformación que se propagaron durante la segunda vuelta electoral. Al final, el ciudadano guatemalteco demostró un alto grado de compromiso cívico, y las espontaneas celebraciones que acompañaron la victoria de Bernardo Arévalo serán recordadas como uno de los momentos ciudadanos más relevantes de los últimos cuarenta años: pocas veces se ve una alegría tan desbordante como esa.

Lamentablemente, las amenazas y sombras han vuelto, con la reactivación de las acciones del Ministerio Público, incluyendo la solicitud de antejuicio contra tres magistrados del TSE y contra el director del  Registro de Ciudadanos, así como las amenazas de muerte que se supo, pesan contra el presidente electo. Esperemos que esta nueva amenaza a la democracia guatemalteca no trascienda, de manera que se preserve el marco legal e institucional que nos rige, y que el próximo gobierno asuma el período para el que fue electo, el 14 de enero del presente año.