“Las crisis potencian la evolución y que cambios que parecían difíciles o imposibles pueden darse incluso relativamente deprisa.” Elsa Punset
El consenso entre los analistas de temas políticos en Guatemala es que este momento coyuntural que vivimos desde que se supo que Bernardo Arévalo pasaba a segunda vuelta electoral puede caracterizarse como la coyuntura más enredada, más compleja y profunda que hemos vivido en al menos setenta años: solo comparable con la década democrática de 1944 a 1954, que terminó frustrando todas las esperanzas de convertir a Guatemala en una sociedad más integrada, más abierta y democrática. La complejidad del momento actual determina que aunque uno pueda hacer alguna proyección sobre el futuro inmediato -como por ejemplo, especular que va a ocurrir de aquí al catorce de enero del año entrante-, sea sujeto de controversia y cautela, debido a la forma en que se han acomodado las fuerzas políticas en pugna, y a la variedad de mecanismos institucionales y legales que pueden delinearse como vitales para saber el desenlace final de esta transición política, que ha sido hasta ahora tan intensa y variable.
Las dos preguntas fundamentales que se repiten en la mente de los ciudadanos empiezan con la especulación sobre si Bernardo Arévalo y Karen Herrera asumirán los cargos para los cuales fueron electos: dependiendo de lo que ocurra en las horas o días previos a la predicción, la apuesta varía entre el total pesimismo –el golpe de Estado Técnico se producirá-, o la total algarabía -no hay nada que pueda ya detener la llegada del nuevo gobierno-. Personalmente siempre pensé en la segunda opción, debido a que pienso que, en el corto plazo, todo favorece al gobierno entrante, mientras que el mediano y el largo plazo favorece a los defensores del sistema, por lo que a menos que se perciba una amenaza inminente por algún hecho inesperado, lo más probable es que la transición culmine con la toma de posesión del Binomio electo.
La segunda pregunta justo aborda las condiciones en las que asumiría el gobierno de Bernardo Arévalo, punto en que la respuesta es variada: desde la idea de que asumirá él, pero probablemente quede en el camino alguno de los ganadores del partido tales como la vicepresidenta o algún diputado que esté en la mira política, hasta la versión contraria, que piensa que asumirá el pleno de personas electas por el partido Semilla. La otra idea es que, aunque llegue Arévalo a gobernar, tendrá que lidiar con los principales factores de pode en el país: el sistema de justicia, la mayoría en el Congreso, así como el resto de las instituciones de control que contempla nuestro ordenamiento legal. El vaticinio primario en este punto es que el nuevo gobierno no tendrá las condiciones políticas e institucionales para gobernar.
En este punto, hay que enfatizar que aunque el nuevo gobierno puede afrontar dificultades de gobernabilidad y efectividad, un buen manejo político más una crisis percepción sobre la profundidad de la crisis que vivimos condiciones a la mayoría de actores hacia la conciencia de que se debe producir un nuevo consenso fundacional que reforme profundamente la institucionalidad y el marco legal vigente, ya que la crisis ha tenido el efecto de devastación: es realmente muy poco lo que ha quedado en pie del diseño institucional que heredamos de los Constituyentes de 1984, por lo que el desafío de país es ahora el alcanzar un pacto de gobernabilidad que permita reconstruir el diseño institucional y legal para que realmente permita enfocarnos en la resolución de los muchos problemas que aquejan a nuestro país. De no producirse ese esperado gran diálogo nacional que promueva consensos mínimos que incluyan a todos los actores más importantes del país, en especial los pueblos originarios, quienes tienen claro que no es posible postergar más tiempo la necesaria reivindicación de sus demandas y derechos que han sido postergados por cinco siglos.
