Tres intervenciones de la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) traen a mi mente palabras del expresidente Alejandro Maldonado Aguirre, quien además fue magistrado de la alta corte: “entre los que resuelve la CC y la Constitución no cabe un alfiler”.
A medida que reviso las resoluciones, también he recordado otro apotegma proferido por el entonces magistrado Maldonado: “las decisiones de la Corte, además del componente jurídico, tienen su vertiente política. No debemos olvidar que el texto constitucional se denomina “Constitución POLÍTICA de la República”, por lo que nunca debería parecernos descabellada la incorporación de ese ingrediente en los fallos”.
Pienso en estas lecciones cuando analizo las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en el proceso electoral.
Aunque el antecedente más antiguo es el proceso de selección de Fiscal General, el cual marcó las formas que la CC seguiría para anular la candidatura presidencial de Carlos Pineda, y más reciente, la suspensión de resultados de la primera vuelta en las elecciones de este 2023.
En los tres casos, la CC se saltó la competencia de otro tribunal constitucional y enseguida entró a conocer el fondo del asunto, otorgó amparos provisionales y después remitió al tribunal de primer grado competente.
La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad regula que la Corte Suprema de Justicia es el órgano competente para tramitar, en primera instancia, las acciones constitucionales contra fallos del Tribunal Supremo Electoral.
Pero al haber resuelto en la forma antes dicha, la Corte de Constitucionalidad dejó sin materia el fondo de las demandas constitucionales y convirtió en un mero trámite el traslado de la acción a la Corte Suprema de Justicia.
La función invasiva de la CC pone en peligro la seguridad jurídica, la legalidad y la frágil estabilidad democrática.
Además de la inobservancia del artículo 12 de la ley de la materia, el otorgamiento del amparo provisional no cumplió con las condiciones del artículo 28 del mismo cuerpo legal, pues no califica si el asunto cumplía con los presupuestos procesales: temporalidad, definitividad, legitimación activa y pasiva.
De esos cuatro presupuestos, haré hincapié en el de definitividad, que exige que se agoten previamente los recursos ordinarios procedentes en contra de resolución impugnada.
En el caso del proceso electoral de 2023, los interponentes del amparo, debieron agotar los recursos que contempla la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
He aquí uno de los actos más graves realizados por la CC: los partidos políticos inconformes con el resultado de la elección para Presidente y Vicepresidente de la República, no impugnaron en las mesas donde el Movimiento Semilla resultó vencedor (salvo excepciones).
La consecuencia inmediata era la oficialización de los resultados por la autoridad electoral, la cual no podían impedir de otra manera, sino por una güisachada, producto de la “globoflexia jurídica”.
Debieron acudir al mismo actor que provocó la salida de Carlos Pineda. Y si se analizan los escritos de interposición, son casi idénticos: el partido de Manuel Baldizón usó largos textos que sólo transcriben normas, precedentes constitucionales, enumeración de partidos políticos, sin argumentos que reflejen alguna violación constitucional.
El resultado de la decisión de la Corte de Constitucionalidad ha sido el caos a raíz de una resolución con todos los defectos ya enumerados y una tremenda contradicción entre el apartado considerativo y resolutivo, en relación con la posibilidad del conteo de votos.
Todo lo actuado no es ignorancia de los magistrados de la CC, debe entenderse como lo que es, una decisión POLÍTICA, que refleja un concierto entre los representantes del sistema y la máxima autoridad jurídica del país.
En realidad, el problema es que Bernardo Arévalo fue un riesgo no previsto por los candidatos favoritas del sistema
Y así es como esta corte ha aplicado a plenitud los aforismos que enuncié al inicio de esta columna, los ha aplicado convenientemente y ha formalizado los disparates pretendidos por los políticos que representan al sistema.
Por encima de esos formalismos, está el poderoso voto, que dejó muchos mensajes en la contienda electoral que pretenden deslegitimar. Es evidente el hartazgo de la población guatemalteca con los gobernantes y sus mecenas.
