LA ANOMIA INSTITUCIONAL VIGENTE

Luis Fernando Mack

“La distancia entre lo que imponen las normas escritas y lo que sucede en la práctica es un rasgo persistente en la región, que se ha vuelto más visible desde que los procesos de democratización” (Steven Levitsky y Victoria Murillo)

El concepto de anomia es quizá el que mejor puede describir la enredada y compleja situación política que prevalece en Guatemala en la actualidad, en la que se han multiplicado los escenarios posibles en los que puede transitar los próximos meses: a las acciones del Ministerio Público que ya habían iniciado desde junio que tienen que ver con la investigación a la estructura partidaria de Semilla se unieron con el paso del tiempo las acciones en torno a la idea de fraude, los que se desarrollaron en dos vías: unas dirigidas a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y otras a indagar sobre la estructura de Juntas Receptoras y el proceso de conteo de los votos, ambos procesos inconclusos a la fecha de redacción de este análisis. El Ministerio Público en las últimas semanas ha guardado silencio, pese a lo cual ha seguido amenazando el proceso electoral: la última de las peticiones  de la FECI de Curruchiche es los datos del padrón electoral de los años 2007 a la presente fecha, así como el nombre de las entidades comerciales que imprimieron material electoral, incluyendo los acuerdos y/o Resoluciones, emitidos para el proceso de adquisición de compra a las entidades comerciales y la cantidad de impresiones requeridas. Finalmente, la FECI solicita el informe de auditoría de trazabilidad del Partido Político Movimiento Semilla correspondiente a las elecciones electorales de los años 2019 y 2023. Estos datos se unen a la gran cantidad de datos que el MP ha acumulado a lo largo de estos meses, lo cual hace pensar que algo más pueden tramar para seguir causando problemas.

Si este panorama desde el MP ya se vuelve complejo, se unen la acción de antejuicio en contra del Vicepresidente Castillo. La idea tras esta insólita acción -nunca había existido una solicitud de esta magnitud, a menos de tres meses de finalizar el mandato del vicepresidente- genera sospechas sobre la intención real de esta acción: ¿Se pretende promover una situación en la que por cualquier razón Arévalo no asuma, el Presidente Giammattei renuncia y asume el nuevo vicepresidente, que se piensa sería Manuel Conde?

A las ya incertidumbres mencionadas, se unen las últimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que ordena al Congreso elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y de apelaciones antes del 15 de diciembre, lo cual ha provocado un terremoto en el legislativo, por las implicaciones que esto tiene, especialmente porque la CC amenaza con acciones penales si esta resolución no se cumple, algo nunca antes visto en Guatemala. El resultado de esta acción es que se multiplican las dudas: ¿Qué pasa si el Congreso no acata esta resolución? ¿Cuál será el destino de las muchas comisiones pesquisidoras que se deben integrar -al menos, nueve- para dilucidar los antejuicios pendientes? ¿Cuál sería la correlación de fuerzas ante la elección de una nueva CSJ antes del 14 de enero?

La última duda tiene que ver con la mesa de negociación que está en marcha entre los actores en pugna, mediada por la OEA: ¿Se producirán acuerdos de gobernabilidad que permitan desactivar la crisis y favorecer que la transición política confluya? A esta duda, se une la movilización ciudadana liderada por las autoridades ancestrales indígenas: ¿Se transformará esta movilización permanente en un actor cohesionado que actúe de forma tal que haga retroceder al pacto de corruptos?

Los elementos en el escenario son tantos, que cualquiera de ellos podría significar una amenaza a la transición, o un elemento que favorezca la consolidación de la oportunidad de cambio que encarna el partido semilla y el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo. Ante esta creciente incertidumbre política y electoral, lo único cierto es que estas semanas antes del 14 de enero serán intensas, inciertas y complejas, debido a la creciente anomia institucional, que parece estar en su máxima expresión en la actualidad.