Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo…. del miedo al cambio. Octavio Paz
Desde que se supo que el partido Semilla había pasado a segunda vuelta electoral, se ha configurado una amenaza omnipresente y constante que tiene su rostro más visible en la acción de un puñado de actores del sistema de justicia que han amenazado de diferentes formas los resultados del proceso electoral, en el cual ha emergido un nuevo presidente electo: el Dr. Bernardo Arévalo, quién como principal carta de presentación, se enorgullece de ser el hijo del que es considerado como el mejor presidente de Guatemala: el Dr. Juan José Arévalo, quién fue el primer presidente de la primavera democrática de 1944.
Las acciones del Juez Fredy Orellana y del Fiscal Curruchiche se han convertido en una sombra permanente sobre todo el proceso electoral, a quienes se suman una serie de instituciones y personajes tales como la presidenta del Congreso de la República, la diputada Shirley Rivera, quién recientemente declaró independientes a la bancada de Semilla, amparados en una dudosa resolución del Registro de Ciudadanos que daba como válida la orden del juez para suspender de forma provisional al referido partido. Otras amenazas, sin embargo, se ciernen sobre el proceso: se especula que esta insistencia en cancelar el partido busca impedir la toma de posesión de las autoridades electas, estrategia que se complementa con la estrategia del partido perdedor, la Unidad Nacional de la Esperanza, quién sigue insistiendo en un fraude electoral que obligue a repetir las elecciones desde el principio.
El panorama político guatemalteco, por lo tanto, no deja de provocar los más agudos temores en la sociedad civil guatemalteca y en la comunidad internacional, que se preguntan cual es el objetivo real de tantas acciones y amenazas. Una primera hipótesis es que todas estas acciones en conjunto tienen como objetivo primario provocar miedo e incertidumbre que paralice el intento de transformación. En ese sentido, el nuevo gobierno, lejos de estar planificando serenamente su transición, están ocupados en defenderse. Por su lado, en la ciudadanía el miedo puede provocar en el ciudadano la acostumbrada apatía y desilusión que siempre ha caracterizado al guatemalteco, con lo que se establecería una inercia pasiva que podría perjudicar el impulso de cambio. Las amenazas, en este caso, serían una suerte de espada de Damocles, que tendría como objetivo adicional obligar al nuevo gobierno a desistir de su intento de cambio, con lo que indudablemente se favorecería lo que ya el sector empresarial ya sugirió: un acuerdo de gobernabilidad que preserve los intereses de los actores en el poder.
Un segundo objetivo sería que en río revuelto, se pueda realmente materializar todas las amenazas, de forma que se logre evitar la llegada del nuevo gobierno, o al menos, que llegue fragmentado y sumamente debilitado, debido a que en el camino, el sistema haya logrado neutralizar a alguno de sus miembros. En este escenario, algunos diputados y fundadores del partido podrían ser los sacrificados institucionalmente, con el agravante que si prosperan los procesos judiciales en contra del partido, se instalaría la narrativa de que Semilla, lejos de ser un partido diferente, ha operado con los mismos vicios y estrategias del resto de partidos. Las investigaciones coordinadas del MP desde varias fiscalías y la recopilación de información que han hecho hasta la fecha, podrían estar preparando notorias revelaciones que tendrían el efecto de destruir la reputación del partido, lo cual podría alcanzar a varias de las figuras destacadas del mismo.
Independientemente de los objetivos que pretenden alcanzar con todas estas acciones, la estrategia de los actores en el poder -el denominado pacto de corruptos- estaría clara: demostrar el control que tienen del sistema, y la forma en la que de forma lenta, pero constante, pueden actuar. Les favorece el entorno incierto y maleable que nos rodea, gracias al grado de anomia institucional y legal que hemos alcanzado. Para ejemplificar esta maleabilidad institucional, solo un detalle: en una entrevista en un destacado medio nacional, un periodista preguntó a un abogado especializado en temas electorales si había posibilidad jurídica de desconocer los resultados electorales. La respuesta del especialista fue doble: “Jurídicamente, quizá no. Pero en Guatemala todo es posible”. La lógica de “está prohibido”, pero “todo es posible” es la mejor síntesis de la anomia institucional y legal reinante, y ese caos regulado es el que amenaza la posibilidad de cualquier cambio en Guatemala. Entender la profundidad de la amenaza y de la crisis, es el primer paso para empezar a superar el problema de fondo que aqueja a Guatemala.
