La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala de impedir la participación de candidatos en las elecciones presidenciales de 2023 está basada en fundamentos dudosos, pone en riesgo derechos políticos y menoscaba la credibilidad del proceso electoral, señalaron en un comunicado Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
En semanas recientes, el tribunal electoral, encargado de monitorear las elecciones en el país, ha excluido de la contienda electoral a los binomios liderados por Thelma Cabrera, líder indígena de izquierda, y a Roberto Arzú, candidato de derecha.
«La decisión de inhabilitar a estos candidatos se basa en motivos dudosos y podría menoscabar los derechos de toda la población guatemalteca a participar en elecciones libres y justas», manifestó Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de WOLA.
«Las autoridades de Guatemala deben revisar con urgencia estas decisiones y asegurar condiciones justas para todos los candidatos», dijo Méndez Dardón.
El proceso electoral se está desarrollando en un contexto de deterioro del Estado de derecho, en el cual las instituciones responsables de supervisar las elecciones tienen escasa independencia o credibilidad, manifestaron Human Rights Watch y WOLA, en el comunicado.
Los esfuerzos por excluir e iniciar procesos penales contra candidatos opositores generan condiciones desiguales que podrían impedir que se lleven a cabo elecciones justas y libres.
En el caso de la no inscripción del binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), HRW y WOLA, coinciden en que las autoridades deberían revertir la decisión de excluir a Thelma Cabrera y Jordán Rodas. “El momento en que se presentó la denuncia y su naturaleza infundada indican que no hay motivos creíbles para impedirles presentarse a las elecciones”, manifestaron las organizaciones.
Entre tanto, en el caso del binomio presidencial del Partido PODEMOS, conformado por Roberto Arzú y David Pineda Barrios, las organizaciones pidieron a las autoridades revisar la decisión de excluir a Arzú y de cerciorarse de que cualquier sanción que se imponga guarde proporción con su violación de las normas electorales y se aplique de igual manera a todos los candidatos, señalaron HRW y WOLA.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificados por Guatemala, protegen los derechos de los ciudadanos a participar en asuntos públicos, a votar y a ser elegidos. El Comité de Derechos Humanos, que supervisa si los países cumplen con dicha convención, ha señalado que las restricciones al derecho de postularse a cargos públicos deben basarse en criterios «objetivos y razonables», dice el comunicado de las organizaciones.
Asimismo, indicaron que observadores internacionales, en particular de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), deberían de examinar exhaustivamente las condiciones electorales, incluida la exclusión de candidatos y la utilización de cargos penales espurios en su contra, y hacer un llamado a que las autoridades de Guatemala respeten los valores democráticos. También deberían monitorear y denunciar los señalamientos de financiamiento electoral ilícito, incluso por parte de empresarios y de grupos de criminalidad organizada. Los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos deberían dar seguimiento al proceso electoral y exigir públicamente que se celebren elecciones justas y libres, manifestaron HRW y WOLA.
Por último Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, indicó que, “el escrutinio internacional es la clave para proteger la democracia y el derecho de los guatemaltecos a votar y a postularse a cargos públicos”.
