“Un Estado Criminal existe en un país donde los actos aberrantes y las violaciones de los Derechos Humanos forman parte del ordenamiento jurídico”, Hannah Arendt.
El pueblo de Guatemala se encuentra enfrentando una serie de actos por parte del Ministerio Público (MP) y otros actores políticos, que violan todo tipo de garantías, perpetuando así el Estado Criminal que hemos estado viendo desde la llegada de la Fiscal General, Consuelo Porras, al frente del ente investigador.
Qué interesante sería que se interviniera la sede del Ministerio Público, como lo ocurrido en Perú, que investiga una red criminal presuntamente liderada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Porque también en Guatemala se presume que dentro del MP opera un estructura criminal que ahora va contra la libertad de expresión o de manifestación. El expresarse y manifestarse ahora resultan ser delitos para estos golpistas.
Sin embargo, no es el único frente al que está expuesta la ciudadanía. La elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, muchos de ellos sindicados en el caso Comisiones Paralelas 2020, que develó la forma como el empresario Gustavo Alejos manipulaba las elecciones en las Comisiones de Postulación, para generarse impunidad, es una muestra de cómo se conforma el Estado Criminal de Guatemala.
La consolidación del Estado Criminal se da con el nombramiento de funcionarios sancionados por los Estados Unidos en la Lista Engel, como actores corruptos y antidemocráticos, por sinvergüenzas con poder, que solo buscan venganza contra operadores de justicia que no se han prestado a seguir el patrón de la impunidad y la corrupción.
Los guatemaltecos hemos visto como personas señaladas de actos de corrupción han regresado al Organismo Judicial a impartir “justicia”, y como otros han sido premiados en ese mismo sistema que han sostenido en contubernio con la impunidad. Tales son los casos de la exmagistrada de la CSJ, Blanca Aida Stalling, o el juez Mynor Moto, personajes que con sus acciones han dejado tirado en el suelo el honor y la decencia, pero premiados por el Estado Criminal.
Por otro lado hemos estado viendo como en el Congreso de la República hay diputados trabajando a marchas forzadas para crear mayor incertidumbre política con los procesos de antejuicio contra los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el objetivo de desconocer los resultados electorales. Hemos visto como los miembros de la Comisión Pesquisidora son miopes para cuando les conviene hacerse toda clase de bestias, pero cuando el discurso les conviene para crear caos y afirmar que hubo fraude, son los primeros en defender a los golpistas.
En estas últimas semanas hemos visto una serie de incoherencias en esas sesiones de la Comisión Pesquisidora contra los Magistrados del TSE, principalmente de los denunciantes y el actuar del MP, en contra de la voluntad popular, la misma Karen Fisher les dijo a los diputados que urgía que estos antejuicios avanzaran porque ya viene el 14 de enero y el propio presidente de la pesquisidora el diputado Julio Montano, advirtió que lo que se está haciendo es una farsa porque lo que busca es que el presidente electo Bernardo Arévalo no asuma la presidencia el próximo 14 de enero. Así es como se maneja el Estado Criminal.
Lo peor es que quienes gritan a los cuatro vientos que hubo un fraude electoral y que quieren saber la “verdad” de lo que pasó el 25 de junio el día de las Elecciones Generales, solo ven fraude en la elección de presidente y vicepresidente, obviando los otros cargos a elección popular que se realizaron ese día, como diputados y alcaldes. Estos últimos deberían de estar sumamente preocupados, porque de declararse nulas las elecciones generales, se quedarían sin su nombramiento.
Aparte hay desestabilizadores en las redes sociales que quieren meter en el mismo saco a todo mundo, personajes nefastos que creen que todos somos corruptos como ellos. Por más que busquen, digan o señalen no nos callarán.
