«Un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son labrará su propia ruina». Nicolás Maquiavelo
Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la aparente falta de inacción del nuevo gobierno en torno al cerco político e institucional que aún se mantiene en contra del partido oficial, por lo que ha existido un acalorado debate sobre las posibilidades y los límites que enfrenta el presidente Bernardo Arévalo y su equipo. El principal cuestionamiento es el aparente acomodamiento que empieza a notarse en las filas oficiales, algo que quizás se materializó con la nota de Plaza Pública del periodista Ferdy Montepeque, que listaba al menos cinco derrotas del actual gobierno contra su adversario más visible: Consuelo Porras, la jefa del Ministerio Público, quién desde su trinchera, sigue amenazando la supervivencia del nuevo gobierno. La última de las amenazas veladas fue la convocatoria de Consuelo Porras a las bancadas opositoras del gobierno a una reunión en el Ministerio Público: once bloques legislativos acudieron a la cita, con lo que las alarmas se encendieron por todos lados: ¿Qué nueva maniobra estarán planificando tal conjunción de actores que, en el pasado, ya han manifestado una abierta animadversión al nuevo gobierno?
La declaración oficial del secretario de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, levantó una ola de críticas, ya que afirmaba: “No estamos para peleas entre la fiscal general y el Ejecutivo. Necesitamos coordinar para construir Estado, no seguir en peleas que realmente no aportan nada para Guatemala”. El error de Guerrero es asumir que se puede coordinar con un actor como Porras, cuando eso significa dejar libre el alacrán que en cualquier momento, puede realizar el golpe mortal. La aparente calma que exhibe el Ministerio Público puede augurar solamente una breve tregua, que seguro se reactivará tarde o temprano para producir muchos momentos de incertidumbre, especialmente cuando es cada vez más evidente que existe una Corte de Constitucionalidad cada vez más abiertamente declarada en contra del nuevo gobierno.
El día jueves 29 de febrero, en el último día del mes, el gobierno de Arévalo finalmente despertó del letargo: el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, y el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, presentaron una acción legal en contra de la fiscal Consuelo Porras, recurso que fue anunciado como el primero de muchos que se realizarán para detener a quienes han violentado el Estado de Derecho. El inicio de la tan esperada contraofensiva, finalmente se produjo. El resultado de tal estrategia está por verse, pero es una muestra de que se está retomando el camino correcto: el romper el cerco legal e institucional que los aprisiona, solamente consolidará la posibilidad de que empiecen a sentarse las bases del tan ansiado cambio.
El camino por delante, por supuesto, está plagado de obstáculos: la acción en contra de Porras debe ser analizada por actores que han demostrado ser aliados de la jefa del Ministerio Público: el siguiente paso es el análisis de la Corte Suprema de Justicia, quién decidirá si continua, o se desecha. De continuar, sería remitida al Congreso de la República, donde se conformaría una comisión pesquisidora para analizar el caso, y decidir si se le retira el antejuicio. La CSJ y el Congreso, no necesariamente trabajarán para desaforar a Consuelo Porras, e inclusive, puede existir la posibilidad de que se interponga un amparo en la Corte de Constitucionalidad a favor de la interpelada, para brindarle la protección debida.
Independientemente del resultado de la acción de hoy, el Ejecutivo parece despertar del letargo en el que había caído.
