Ciudad de Guatemala, 22 nov (EFE).- El Ministerio Público (MP) de Guatemala utilizó el pasado martes varias publicaciones en las redes sociales como supuestas evidencias para acusar a la excandidata a diputada del Movimiento Semilla, Marcela Blanco, en un supuesto caso que también involucra al presidente electo del país, Bernardo Arévalo de León.
El fiscal del Ministerio Público, Saúl Sánchez acusó a Blanco y cinco personas detenidas más por utilizar «violencia, hostigamiento y desorden en las redes sociales para lograr sus fines al margen de la ley».
Blanco, de 23 años, está acusada desde el 16 de noviembre por un supuesto caso de daños al patrimonio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, mismo señalamiento de la Fiscalía en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, para que le sea retirada su inmunidad.
El juez penal Víctor Cruz, sancionado por corrupción por Estados Unidos, está a cargo del caso y, tras una larga audiencia este martes, indicó que el procedimiento contra Blanco y los demás detenidos continuará este miércoles.
La excandidata a diputada por el Movimiento Semilla ha sido inculpada junto a otras 26 personas (cinco detenidas hasta el momento) por los delitos de asociación ilícita, usurpación y depredación de bienes.
La Fiscalía utilizó una fotografía de Blanco dentro de las instalaciones de la Universidad de San Carlos para intentar vincularla a la toma que un grupo de estudiantes realizó en 2022, como medida de rechazo contra anomalías en la elección de las autoridades de esta casa de estudios.
Blanco es una comunicadora graduada de otra universidad y ha defendido en reiteradas ocasiones su inocencia desde su captura el 16 de noviembre.
Arévalo de León calificó este caso como un nuevo intento de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras Argueta, para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero y lamentó que se esté deteniendo a «personas inocentes».
Desde el 12 de julio, la Fiscalía ha judicializado el proceso electoral de Guatemala e intentado cancelar el partido de Arévalo de León, así como revertir los resultados de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto.
El 1 de septiembre, Arévalo de León señaló que Porras Argueta llevaba a cabo un «golpe de Estado» en su contra.
Las acciones de la Fiscalía han sido criticadas por diversos actores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos, por considerar que se trata de intentos por «desconocer la voluntad popular expresada en las urnas».
