Washington, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos prohibió este martes la entrada a su territorio de tres políticos guatemaltecos -dos exfuncionarios y el actual viceministro de Desarrollo Sostenible- por corrupción.
Gendri Rocael Reyes, exministro de Gobernación; Alberto Pimentel, exministro de Energía, y Óscar Rafael Pérez, actual viceministro de Desarrollo Sostenible, fueron señalados hoy por «haber recibido sobornos» durante sus mandatos, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.
Las «acciones corruptas» de estos tres individuos «socavaron el Estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala», subrayó Miller.
EE.UU. también prohibió la entrada al país de dos hijas de Reyes, la esposa y la hija de Pimentel, y a la pareja de Pérez, según detalló el comunicado.
Reyes, quien dejó su puesto en el ministerio en enero de 2022, ya había sido señalado por EE.UU., como parte de un informe entregado al Congreso en julio de este año que lo incluye en una lista de actores «corruptos y antidemocráticos», junto con otros funcionarios y políticos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Este anuncio llega el mismo día en que EE.UU. anunciara también su decisión de imponer restricciones de viaje a cerca de una docena de personas, y sus familiares inmediatos, por «socavar la democracia y el Estado de derecho» en Guatemala.
Aunque no se dieron a conocer los nombres de estos individuos, EE.UU. detalló que entre ellos hay miembros del Ministerio Público (Fiscalía) guatemalteco y a otros actores del sector público y privado.
En un comunicado este martes, EE.UU. hizo un llamamiento a «un traspaso de poder que respete la voluntad popular y se adhiera al Estado de derecho».
Este mismo martes, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala declaró como «inalterables» los resultados de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto, en los que resultó electo en segunda vuelta Bernardo Arévalo de León.
Ese proceso electoral está considerado el más polémico en la historia democrática de Guatemala debido a la judicialización de los comicios y al intento del Ministerio Público de revertir los resultados.
