Eduardo Velásquez es nombrado al frente del Instituto Nacional de Administración Pública

Foto: Prensa Comunitaria

El presidente Bernardo Arévalo, decidió nombrar como Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) a Eduardo Antonio Velásquez Carrera, quien se encuentra ligado a proceso penal por el Caso USAC: Botín Político.

Velásquez fue juramentado el viernes en dicho cargo. La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público (MP), acusó a Velásquez por la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala y fue procesado en noviembre pasado, por los delitos de usurpación y depredación del patrimonio cultural.

Sin embargo, el 15 de febrero la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal aceptó una apelación presentada por el MP contra de la resolución del juez Víctor Cruz, emitida contra seis señalados en el caso de la Toma de la USAC.

Por ello, serán procesados por un delito más grave. Eran señalados de usurpación y se les cambio el delito a usurpación agravada, mismo que hace referencia sobre la toma de un inmueble de forma prolongada.

Trayectoria

Velásquez es Licenciado en Economía de la Universidad de San Carlos, cuenta con una maestría en Teoría Económica y una especialidad en Economía Urbana y Regional por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Además, es Doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), España.

Fue representante de la Universidad de San Carlos y presidente de la Comisión Multisectorial del Transporte Urbano de la ciudad de Guatemala en 1993 y 2000, años en los que  discutían alternativas para mejorar la eficiencia del transporte público en la ciudad, según lo describe Plaza Pública.

Fue Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC y posteriormente, director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), también de la Universidad de San Carlos.

INAP

Es el órgano técnico de la Administración Pública de Guatemala, responsable de generar y lograr que se ejecute un proceso permanente de desarrollo administrativo, con el fin de incrementar la capacidad de las instituciones públicas, para que sean eficientes y eficaces en su administración y servicios.