El fin del terrorismo no es solamente matar ciegamente, sino lanzar un mensaje para desestabilizar al enemigo.(Umberto Eco)
Los acontecimientos políticos de Guatemala parecen una montaña rusa: hace apenas unos pocos días, muchos analistas y líderes de movimientos sociales se jactaban de que el Ministerio Público -MP- estaba en una supuesta fuga, argumentando que se habían retirado de la escena pública a los rostros más conocidos de lo que se ha denominado “golpe de Estado técnico”. Se decía que la fuerza de la movilización había incluso neutralizado a la fuerza pública, al punto que se interpretó como victoria simbólica el hecho de que se haya neutralizado un desalojo en la entrada de la Bethania y en la sede del MP. La fuerza de la movilización, sostenida por la decisión aparentemente inquebrantable de la organización comunitaria de los pueblos originarios era comparada con una auténtica revolución, y se hacía comparación con lo que Severo Martínez denominó “motines de indios”.
Parecía que existían indicios de que los vientos eran a favor: una resolución de una sala de apelaciones que permitía el arresto domiciliar de la abogada Claudia González; un video del Juez Orellana siendo increpado por una pasajera en un vuelo hacia Panamá más el silencio de los Fiscales Curruchiche y Porras se interpretaba como un signo de que la fuerza ciudadana había neutralizado e intimidado a los golpistas, además de que se veía que el pacto de corruptos se debilitaba: una la orden de la Corte de Constitucionalidad para elegir nueva Corte Suprema de Justicia se sumaba a las ya muchas responsabilidades del Congreso de la República, además de que el antejuicio contra el Vicepresidente y los magistrados del Tribunal Electoral, más el hecho de que habían otras responsabilidades del Legislativo como la aprobación del presupuesto, en un tiempo muy corto de sesiones ordinarias, hacía concluir que el panorama para los defensores del sistema se veían cuesta arriba. La sensación de relajamiento era evidente.
Lamentablemente, el espejismo del triunfalismo que acostumbran los analistas y líderes sociales fue derribado en menos de unos días: la aparentemente imposible elección de la Corte Suprema de Justicia, que por meses se entrampó en el Congreso, por arte de magia fue resuelta en una maratónica sesión, antecedida por una visita de la pareja sentimental del actual mandatario. Unas horas después, la vorágine de noticias documentó un nuevo ataque del MP, pero esta vez desde la trinchera de un nuevo juez y una nueva fiscalía: el Juez Décimo, Víctor Cruz ordenó una serie de allanamientos y ordenes de aprensión en respuesta a las investigaciones de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio, acciones que se complementan con la solicitud de retiro de antejuicio contra destacados miembros del partido semilla, incluyendo el binomio presidencial electo. La respuesta social y política no se hizo esperar: así como antes el espejismo del triunfo prevaleció por doquier, ahora se esparcía el razonamiento contrario: el tamal ya está armado, se prepara un gran golpe fulminante, la posibilidad de la catástrofe es inminente, etc.
Aunque estoy más de acuerdo con la visión de una amenaza inminente que con las perspectivas de éxito, me parece que ambas pecan por exceso: estrictamente hablando, este movimiento solo es eso, una jugada más en un tablero de ajedrez, y si se tiene en cuenta las jugadas del contrario, es evidente que hay un patrón: amenazas que solo se delinean, pero no se concretan, y una sociedad que reacciona reactivamente a cada provocación. Lamentablemente, es claro qué contendientes llevan la delantera: mientras un grupo se toma el tiempo para golpear y ver que pasa, el otro grupo solamente reacciona a la amenaza evidente, dejando de lado el hecho que el diseño del sistema permite que cuando hay intención, cualquier canal o excusa es válida para derribar a un oponente.
Con esta premisa en mente, si la intención real era impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo, hace mucho los actores en el poder lo hubieran hecho, especialmente si se considera la forma en que actúan cuando hay una consigna en mente, tal como demostró la elección relámpago de la CSJ. Desde esa perspectiva, es plausible pensar que el objetivo real no es detener la transición: probablemente jueguen al desgaste sicológico que desestabilice mentalmente al oponente para obligarlo o a cometer un error -por ejemplo, apelar a la violencia-, o en el peor de los casos, a desmoronar paulatinamente la movilización para que se esparza el miedo y el desaliento por doquier; en este último caso, la amenaza desmoronaría la posibilidad de cambio simplemente por la rendición anticipada de quienes supuestamente iban a protagonizar la transformación, en este caso, el nuevo gobierno electo.
