Desde hace dos años Rafael Curruchiche invierte esfuerzo, tiempo y palabras en dañar mi reputación ante la opinión pública guatemalteca.
Hay dos casos con similitudes, en los cuales Curruchiche me endilga acciones u omisiones para hacerme parecer un fiscal descuidado o encubridor: me refiero a los procesos Asodefir y Fedecocagua presentados ante los tribunales en los últimos diez meses.
“El caso estaba engavetado por mi antecesor”, “estamos analizando tomar acciones contra mi antecesor”, “en su momento esa percepción que se tiene favorable a unas personas, creo que con este caso y con otros que van a salir, va a cambiar” dijo cuando presentó la investigación de Asodefir en mayo de 2022.
Lejos de entorpecer o retrasar investigaciones, más bien Curruchiche presenta procesos cuyos orígenes tienen que ver con mi gestión.
- En el caso Asodefir, por ejemplo, consta en memorandos cómo de forma reiterada y con inusitado interés, Consuelo Porras requería actualizaciones sobre el avance de la investigación y los obstáculos que enfrentábamos en el equipo para obtener autorizaciones judiciales: el juez contralor, para empezar, demoró 8 meses en señalar la audiencia para requerir informes bancarios. Para acelerar la investigación, acudimos al juzgado de diligencias urgentes para obtener las órdenes judiciales y requerir la información financiera. Solo a partir de esa respuesta, la unidad correspondiente empezó el análisis, base fundamental en procesos de delitos financieros. Más bien, si el caso estaba listo a mi salida, siempre me pregunté por qué transcurrieron diez meses para activarlo.
- La situación se repitió la semana pasada, con la presentación el caso Fedecocagua, una investigación que arrancó bajo mi gestión. A mediados de 2020 recibí una denuncia sobre posibles actos de lavado de dinero en esa federación de cooperativas cafetaleras y, por ende, requerí a la fiscal general autorización para investigar. El 14 de julio de 2020 recibí la autorización e iniciamos la investigación que originó el operativo que casi 3 años después, realizó la fiscalía.
Pero con el reiterado ánimo de ensuciar mi nombre, Rafael Curruchiche aludió a eventos de hace más de 14 años, cuando se allanaron las oficinas de Fedecocagua y Anacafé en el marco de la investigación del caso para esclarecer el asesinato de Khalil y Marjorie Musa, ocurridos el 14 de abril de 2009. En el marco de esa pesquisa, los análisis financieros no evidenciaron lavado de activos, al menos en esas fechas, y entiendo por información hecha pública, que eso fue lo que el entonces comisionado de la CICIG, Francisco Dall’Anese, aseguró a directivos de Fedecocagua. En ese entonces yo no tenía a cargo esa investigación.
La presentación de ambos casos sigue un patrón destinado al fracaso: destruir la imagen y reputación del trabajo de la CICIG, la antigua FECI y, en particular, la mía. Esa parece ser la única fórmula disponible para las actuales autoridades del MP para revestir de legitimidad sus acciones, pero con una revisión simple de los casos se van a topar con evidencias que lo que presentan como cosecha propia, tiene las semillas del trabajo honesto y determinado de un equipo comprometido con la lucha anticorrupcion, pero particularmente, con Guatemala.
