La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite al antejuicio presentado por la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) tras una denuncia del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en contra de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes señala de ser responsables de un supuesto fraude en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2023.
«Esta Corte determina que la solicitud de antejuicio promovido cumple con los requisitos básicos para continuar con su trámite, en virtud que la misma no fue promovida por motivos espurios, debido a que la denuncia se encuentra debidamente fundamentada», indicó la CSJ en su fallo.
Además, mencionó que «no se determinaron motivaciones ilegítimas en el planteamiento del presente antejuicio, debido a que con ello no se quebrantan principios o derechos de carácter constitucional; finalmente, tampoco existen motivaciones ilegítimas en el planteamiento del presente antejuicio; debido a ello no se quebrantan principios o derechos de carácter constitucional».
Por ello, la Corte, luego de conocer el antejuicio, remitió el expediente de mérito al Congreso para su conocimiento y la toma de decisión respectiva.
El fallo contra los magistrados del TSE, Irma Palencia, Ranulfo Rafael Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, fue emitido por 13 magistrados que conformaron el Pleno de la CSJ, por tal razón, el proceso de retiro de inmunidad pasará al Congreso de la República, para que los diputados decidan si retiran la inmunidad a los funcionarios como lo establece la Ley de Materia en Antejuicio.
El año pasado, el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres, derrotada en las urnas por el presidente Bernardo Arévalo, señaló la supuesta existencia de irregularidades en la segunda vuelta electoral, por presuntamente la existencia de actas con el mismo número de mesa, lo cual generó un excedente de ciento sesenta y cuatro actas.
También señalaron que el TSE realizó el escrutinio de manera precipitada, ya que se estipuló un tiempo aproximado para concluir con el conteo de cada mesa electoral, y se concluyó con anticipación. Además, señalaron el Sistema Informático de Tránsmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), entre otros.
«A criterio del denunciante primario, los antejuiciados abusaron de su autoridad para ocasionar fraude electoral e incumplieron con sus atribuciones y obligaciones como máxima autoridad en materia electoral», se lee en el documento.
