La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi, abordó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la situación de los derechos humanos en Guatemala.
«La Secretaría General de la OEA ya ha señalado que ‘estas decisiones del Ministerio Público constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un proceso político democrático'», resaltó Reneaum ante el Consejo Permanente.
Asimismo, señaló que la CIDH ve con preocupación que las nuevas acciones del Ministerio Público, además de criminalizar la protesta social de manera contraria a los estándares interamericanos, ponen en evidencia, una vez más, un ejercicio abusivo del poder, falta de independencia en el ejercicio de la acción penal, instrumentalizada con fines políticos.
«Para la Comisión Interamericana la instrumentalización del derecho penal y las injerencias indebidas del Ministerio Público en el proceso electoral y de transición es el resultado de la erosión del sistema de controles de pesos y contrapesos del Estado Democrático que viene teniendo lugar en Guatemala en los últimos años», agregó la Secretaria Ejecutiva de la CIDH.
Por esta razón, Guatemala fue incluida en el capítulo IV. B de sus informes anuales de 2021 y 2022, «a la manera de alerta temprana de la comunidad internacional».
También señaló que en el país hay ausencia de garantías del poder judicial para cumplir su rol de ejercer un control de Constitucionalidad y convencionalidad frente a los otros poderes públicos.
Según indicó Reneaum, desde 2017, la Comisión Interamericana ha documentado el deterioro de la independencia judicial en Guatemala por la paulatina cooptación de los órganos encargados de administrar e impartir justicia y la intensa criminalización de personas operadoras de justicia.
«La CIDH hace un llamado al Estado de Guatemala a cesar las acciones ingerencistas del Ministerio Público que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población, y de esta forma, cumplir con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana», puntualizó Tania Reneaum.
