Por: Marí Crúz Chajón
maricruz.chajon@epicentro.gt
El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval indicó que la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020 ha permitido determinar comisión de actividades ilícitas relacionadas con la designación de cargos públicos, en donde el trato era obtener nombramientos para lograr inmunidad a cambio de impunidad.
Dentro de los resultados de la investigación, se logró determinar que en uno de los documentos incautados durante allamamiento en el sanatorio de la zona 2, en donde estuvo hospitalizado Gustavo Alejos, se estableció el número de electores necesarios para alcanzar los votos mínimos para los candidatos a magistrados de su interés.
La Fiscalía denominó como «número mágico» al número de votos requeridos para cumplir con lo establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución, la cual indica que para ser electos como candidatos se requiere el voto de por lo menos dos terceras partes de los miembros de la Comisión, votos que negociaron de la siguiente manera:
Los candidatos eran identificados por sus iniciales y número de expediente y los operadores políticos o comisionados determinaron de esa forma su interés en que ellos obtuvieran el cargo, por quienes emitieron su voto.
«Ello trajo como consecuencia la violación del derecho constitucional de optar a empleos o cargos públicos para aquellos aspirantes que reunían los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, y quienes por no ser afines a los intereses de estos operadores y comisionados, fueron excluidos de dicho proceso», dijo Sandoval.
Según la investigación, la FECI determinó que no se investigaron los méritos de los candidatos en el proceso de selección y no hubo claridad en la evaluación de los mismos, por lo que no se respetó la normativa constitucional y legal.
En este caso se giraron las ordenes de captura en contra del exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Estuardo Gálvez y de Juan José Bolaños, identificados como operadores, así como del rector de la USAC, Murphy Paiz.
También se giraron las ordenes de captura de los comisionados Jennifer Candelaria Dell’Acqua Lima, Henry Giovani Dubón Ruano, Luis Fernando Ruiz Ramírez, Olga del Rosario Alfaro Pineda y Juan Salvador Soto Hernández.
Aún siguen en desarrollo 12 diligencias de allanamiento por el caso en las que se ha logrado encontrar evidencia que confirma la tesis de la FECI.
