Ciudad de Guatemala, 17 nov (EFE).- Organizaciones indígenas de Guatemala repudiaron este viernes el «golpe de Estado» del Ministerio Público (MP) en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, tras la solicitud de retiro de su inmunidad por un supuesto caso de daños al patrimonio.
En una rueda de prensa, los líderes indígenas calificaron al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei como «autoritario», y lo acusaron de serias violaciones a los derechos humanos.
«Toda la información conocida públicamente ya no deja dudas del proceso de golpe de Estado y las intenciones de callar a toda voz disidente a la corrupción y la cooptación del Estado», aseveraron en un texto, firmado por la entidad Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew.
El pronunciamiento llega después de que el jueves el Ministerio Público solicitara el retiro de inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, por un supuesto caso de daños al patrimonio.
De igual forma, las acusaciones de la Fiscalía también incluyen a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, quien también goza actualmente de inmunidad.
La Fiscalía indicó el jueves en rueda de prensa que el caso tiene como origen la toma a la fuerza en 2022 del campus de la universidad de San Carlos, por parte de docenas de estudiantes, en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores.
Según el Ministerio Público, el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.
La Fiscalía mostró como supuestos indicios contra Arévalo de León capturas de pantalla de videos del ahora presidente electo en las instalaciones de la universidad, participando en eventos académicos, cuando el campus ya había sido liberado.
El Ministerio Público empezó el pasado 12 de julio una persecución en contra del partido de Arévalo, el Movimiento Semilla, después de que sorpresivamente obtuviera el segundo lugar en las elecciones presidenciales del 25 de junio.
Desde entonces, el Ministerio Público ha allanado el Tribunal Supremo Electoral, ha decomisado cajas con votos y también ha buscado procesar a los magistrados de la entidad por un supuesto caso de fraude electoral.
En el mismo sentido, también ha intentado suspender jurídicamente al Movimiento Semilla y perseguido a algunos de sus miembros, incluida la excandidata a diputada Marcela Blanco, arrestada este jueves por el mismo caso de la universidad estatal, donde hay 27 órdenes de captura.
Las autoridades indígenas, respaldados por otras organizaciones, se expresaron en una rueda de prensa en el centro de la Ciudad de Guatemala y también en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala, en donde Blanco, comunicadora de 23 años, se encuentra detenida, en solidaridad con la excandidata.
Este viernes, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, puntualizó que se encuentra «alarmado» por las últimas acciones de la Fiscalía e hizo un «llamamiento a las autoridades a garantizar que la voluntad democrática expresada en las urnas se respete».
