Ciudad de Guatemala, 17 nov (EFE).- El presidente electo, Bernardo Arévalo de León, rechazó los nuevos embates del Ministerio Público (MP) contra él y los integrantes de su partido y aseguró que los actores que impulsan estas acciones «llevan al país hacia una peligrosa dirección».
«Amanecimos con una rabia y tristeza profunda, ante la detención injusta de jóvenes, estudiantes, profesores y profesionales que se han manifestado contra un grupo de corruptos que busca arrebatarnos el futuro», indicó Arévalo de León durante una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano.
«Guatemala duele porque nuestra instituciones están en crisis», agregó Arévalo de León ante la decisión de la Fiscalía de girar 27 órdenes de captura contra militantes de su partido, como la excandidata a diputada, Marcela Blanco, por un supuesto caso de depredaciones de bienes dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La Fiscalía, encabezada por la fiscal general Consuelo Porras Argueta, también solicitó retirar la inmunidad a Arévalo de León y a su vicepresidenta, Karin Herrera, por este caso presentado este jueves.
Arévalo de León calificó como «ilegales» las medidas solicitadas por la Fiscalía y advirtió que la intención de estos actores es «perpetuar una regresión autoritaria».
Durante la conferencia de prensa, Arévalo de León fue acompañado por integrantes de su partido, el Movimiento Semilla, así como por decenas de estudiantes y manifestantes.
La investigación de la Fiscalía acusa al Movimiento Semilla de haber sido partícipe de una toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos, en 2022, causar destrozos en sus instalaciones y utilizar esas acciones como plataforma política.
Desde julio pasado, la Fiscalía de Porras Argueta ha intentado revertir los resultados electorales, por medio de allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y persecución penal contra funcionarios públicos y miembros del partido Semilla.
La nueva investigación contra Arévalo de León se da pese a que la comunidad internacional, incluido el Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, han solicitado el cese de la judicialización de los comicios.
Desde el pasado 1 de septiembre, el presidente electo de Guatemala ha denunciado que Porras Argueta encabeza un intento de «golpe de Estado», para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
