La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó de manera enérgica por medio de un comunicado, el intento de acallar a diferentes periodistas y medios de comunicación, tras la decisión del juez Décimo Penal, Jimi Bremer, quién ha ordenado criminalizar a varios periodistas y columnistas del matutino elPeriódico, por publicaciones realizadas en el proceso que se sigue contra José Rubén Zamora Marroquín.
Según la APG, la decisión del juzgador Bremer, emitida tras la petición de la fiscal del Ministerio Público (MP), Cinthya Monterroso, quien lleva el caso contra Zamora Marroquin, viola flagrantemente el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que dice: «Es libre la emisión del pensamiento por cuales quiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna».
Además la APG rechazó el contubernio existente entre el MP y algunos jueces, para desatar una persecución contra periodistas y columnistas de prensa. «Es de resaltar que el artículo 35 de la Ley Constitucional, establece que no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación. Y considera que esta nueva acción del MP y algunos jueces se encuadra en la figura del prevaricato, por emitir resoluciones contrarias a la ley».
La fiscal Cinthya Monterroso señaló durante una audiencia en el caso de Zamora Marroquín, que él montó una campaña de desprestigio por medio publicaciones en elPeriódico y que para ello ha contado con la colaboración de otras personas.
Monterroso pidió que se investigue a Edgar Gutiérrez, Gerson Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquin Godoy, Christian Velix, Alexander Valdez, Ronny Ríos y Denis Aguilar, acusados de colaborar en el montaje de la campaña de desprestigio.
Zamora Marroquín fue ligado a un segundo proceso penal bajo el argumento de obstrucción de la justicia y se encuentra detenido desde el 29 de julio de 2022, bajo acusaciones de lavado de dinero y chantaje en un primer caso presentado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
La APG ante esta situación convoca a todas las entidades de prensa del país a una reunión urgente, para decidir acciones a seguir en defensa de la Libertad de Prensa y evitar así la criminalización de periodistas y columnistas de opinión.
