“La democracia es el Gobierno del Pueblo, por el Pueblo, para el Pueblo”, Abraham Lincoln.
Guatemala atraviesa por una situación más que difícil con un futuro incierto, con acciones abusivas que rayan en la desobediencia pero que nadie se atreve a parar, pues el sistema no les permite ser contundentes en su actuar. Desde hace varios años hemos sido testigos de la ambigüedad con la que la Corte de Constitucionalidad (CC) interpreta la Constitución Política de Guatemala y sin determinación alguna hace que los funcionarios la usen de papel higiénico.
En repetidas ocasiones se le ha solicitado a la CC ordenar lo conducente para hacer valer sus resoluciones, pero eso no ha sido posible. En el pasado cuando todo el sistema se desembocó a atacar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y en especial al entonces Comisionado, Iván Velásquez, para no dejarlo entrar al país, los funcionarios del Gobierno del presidente Jimmy Morales se pasaron por el arco del triunfo todo lo ordenado por la Corte y ahora pareciera que el Juzgado Séptimo hace lo mismo con la Constitución y con lo ordenado por el máximo Tribunal.
La crisis antidemocrática está alimentada principalmente por el presidente Alejandro Giammattei, que se vio “sorprendido” por la acción de amparo presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se garantice el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades en un ejercicio pleno y que se respete esa voluntad.
Giammattei a través de un comunicado dijo que el derecho de la ciudadanía estaba garantizado desde la primera vuelta electoral y que el Ejecutivo ha prestado la atención debida para brindar la seguridad del evento electoral, sin embargo, en privado ha girado instrucciones para que desde el propio despacho de la Fiscal General, Consuelo Porras, se orqueste el Golpe de Estado, en conjunto con el Juez Séptimo, Fredy Orellana y el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche, emprendiendo toda clase de argucia judicial para afectar la democracia del país.
Esto con un objetivo claro, que el próximo 14 de enero no haya quien asuma el Poder Ejecutivo y entonces consultar a la CC quién debería de quedarse en el Ejecutivo y ésta a su vez darle la venia para que pueda quedarse gobernando cuatro años más, un proceso a todas luces inconstitucional y carente de toda legalidad, algo que ya están acostumbrados a hacer.
Porque la lógica es que si a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya se lo permitieron, por qué no al Organismo Ejecutivo, que al fin y al cabo también es un órgano del Estado.
Esta es una batalla entre esa maquinaria que quiere seguir perpetuándose en el poder, contra la población que busca un mejor futuro para las nuevas generaciones. Esta guerra jurídica de güizaches trasnochados la ganará el soberano, porque la democracia se defiende y como lo dijo, Abraham Lincoln, “es del Pueblo, por el Pueblo, para el Pueblo”.
El pueblo de Guatemala ya eligió y las muestras para defender la democracia guatemalteca son más que evidentes, salir a las calles y mostrar el descontento será el pulso más fuerte que tendremos para derrocar esta dictadura jurídica que busca robarnos la esperanza.
