El Estado de Guatemala se organiza para garantizar a todos los habitantes sus derechos y libertades, la justicia y la paz (Artículos 1 y 2 de la Constitución). Para cumplir esos fines constituye un sistema de gobierno republicano y democrático, donde prevalece el interés general sobre el particular y la voluntad de los ciudadanos expresada mediante el voto, decide a quien confía la administración del Estado.
El Organismo Legislativo crea las leyes y el Organismo Judicial las interpreta y aplica, el Organismo Ejecutivo las cumple y administra los recursos para garantizar a todos los habitantes el bien común. Para cumplir con sus responsabilidades, los tres organismos deben estar en coordinación y no en subordinación. En el sistema democrático representativo en Guatemala, el Pueblo elige directamente a quienes integran los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no decide directamente quiénes tendrán la función de administrar justicia, sino que el Congreso de la República, por delegación soberana del Pueblo de Guatemala, tiene la responsabilidad de elegir a los magistrados y magistradas que integran la Corte Suprema de Justicia y Salas de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia nombra a los jueces y juezas.
El proceso constitucional de postulación de profesionales a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones del Organismo Judicial ya inició con la integración de las respectivas comisiones de postulación, solo falta el acto de juramentación, para que luego inicien funciones. La atención nacional e internacional están sobre el proceso y son muchas las exigencias de objetividad y transparencia en el mismo, por la importancia del tema, para que se cumpla con seleccionar a los mejores perfiles, tanto por su capacidad, como también por su honorabilidad. La responsabilidad de las y los magistrados nombrados será la de administrar justicia en nombre del pueblo de Guatemala, no hacer un negocio de la misma; por eso la selección y nombramiento, no solo debe recaer en quienes posean un sobresaliente desempeño profesional sino, sobre todo, en quienes sean honestos y comprometidos con hacer bien el trabajo asignado.
La justicia no es de las cortes o tribunales, ni tampoco del Ministerio Público, es un derecho del pueblo de Guatemala. La Ley del Organismo Judicial de Guatemala, en el Artículo 51 dispone que: “El Organismo Judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia…” Y el Código Procesal Penal guatemalteco, en el Artículo 390, regula que: “La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala.” No queda ninguna duda que, en Guatemala por ser una “república”, el titular de la justicia es el Pueblo de Guatemala. En una monarquía es diferente, donde la justicia se aplica en nombre del rey. Por eso es un derecho de la ciudadanía conocer lo que pasa en una sala de audiencias, cuestionar, fiscalizar y criticar las resoluciones judiciales, porque el sistema de justicia debe rendir cuentas de lo que está haciendo con las leyes y el Derecho.
Los informes, estadísticas o listas de países ubican en los peores lugares al sistema judicial guatemalteco por el grave “deterioro continuo de los derechos humanos y el Estado de Derecho”. El Capítulo IV.B de los informes anuales 2021, 2022 y 2023 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH); puesto 154 de 180 países por el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional del 2023y puesto 110 de 140 países en el índice de Estado de Derecho 2023 publicado por el World Justice Proyect. Esto significa que existen graves problemas en el país y que el Estado no cumple con los fines fijados en los artículos 1 y 2 de la Constitución, hay responsables, con nombre y apellido, del estado actual de la justicia.
En la integración de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Salas de Apelaciones, las Comisiones de Postulación y el Congreso de la República, tienen la responsabilidad de seleccionar y nombrar a los profesionales intachables, íntegros e independientes. La administración de la justicia en Guatemala debe estar a cargo de magistradas y magistrados idóneos y honorables, porque la justicia es un derecho del Pueblo de Guatemala.
