Cuando se habla de la captura del sistema judicial, entendemos que es el “ejercicio de influencia abusiva de diferentes sectores para que la justicia funcione de acuerdo a sus intereses y prioridades, en detrimento de su finalidad”.
La semana nos dio abundantes ejemplos del sistema de justicia bajo la lógica de captura por fuerzas corruptas y antidemocráticas.
Dos de esos ejemplos son las resoluciones emitidas por las salientes salas de la Corte de Apelaciones, que serán recordadas por sus múltiples infamias.
La Sala Tercera confirmó la prisión preventiva de Ligia Hernández, funcionaria del gobierno actual, detenida por hechos vagos e imprecisos que la fiscalía no es capaz de aclarar ni de evidenciar.
Es una afrenta para el gobierno y una muestra del poder de las fuerzas que impedían que asumiera el gobierno actual.
En la misma fecha, la Sala Primera revocó la prisión de Luis Rabbé quien fue acusado por sustraer recursos del Estado mediante la creación de plazas ficticias, cuando fungió como Presidente del Congreso.
Esa resolución fue firmada, entre otros, por Luis Mauricio Corado Campos, quien ahora será magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Un anuncio de lo que nos espera para los próximos 5 años.
Esos hechos cuentan con suficiente material probatorio para ser demostrados en un sistema de justicia independiente.
El cotejo de ambos casos pone de manifiesto la senda que recorre la justicia en Guatemala: enérgica contra quienes promueven o apoyaron la lucha contra la corrupción y pusilánime en favor de quienes buscan la impunidad.
No solo los magistrados que se despidieron de sus funciones en la Corte de Apelaciones dieron esas noticias, porque algunos jueces de primera instancia penal siguieron la misma línea.
La Jueza Quinta admitió a Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón como querellantes adhesivos en contra de los fiscales anticorrupción que investigamos los millonarios sobornos que les pagó la constructora brasileña Norberto Odebrecht.
Ambos ahora se presentan como víctimas de los investigadores que establecimos que recibieron aproximadamente US$20 millones de “mordida”.
El domingo recién pasado amanecimos con la noticia de la captura del exregistrador de ciudadanos por orden de captura emitida por el juez Jimmi Bremmer.
El arresto se produjo cuando iba a ser juramentado como magistrado de la Corte de Apelaciones, un hecho que podría ser interpretado como un mensaje de la Fiscal General para el gobierno y la magistratura que inició funciones.
Ese hecho empañó el inicio del lustro de la nueva Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones a lo que suma la falta de acuerdos para seleccionar al nuevo presidente del Organismo Judicial.
Para agregar, las salas penales en la Corte de Apelaciones, fueron integradas por algunos de los magistrados con peores antecedentes, una afrenta a los preceptos de independencia e imparcialidad de la justicia.
En apenas tres días sobraron los ejemplos del sistema judicial capturado; mientras desde el Ejecutivo pareciera que solo ven la lluvia caer.
