Una de las funciones del Estado que se ha estimado esencial tanto por liberales (en el sentido europeo del término) como por centristas y socialistas es la administración de justicia. Ha habido largas y polémicas discusiones entre los ideólogos de partidos de derechas y de izquierdas sobre si el Estado deba o no hacerse cargo de cosas como la difusión de la cultura, la organización de aeropuertos, de empresas de transporte colectivo o de telecomunicaciones y muchas otras cosas, pero, que el Estado debe hacerse cargo de la justicia pública, quitando a los anarquistas, nadie lo discute. Así pues, la justicia es una función esencial del Estado.
Según he opinado, la mayoría de los constituyentes del ’84 no comprendieron las implicaciones de ese carácter esencial de la justicia. Sí lo comprendieron, por ejemplo, los constituyentes de Filadelfia de 1,787. A diferencia de los cinco años de ejercicio de sus funciones judiciales, previstos en la Constitución de este país, aquellos que forjaron la Constitución federal de los Estados Unidos dispusieron que, mientras los jueces federales observaran buena conducta, eran inamovibles hasta su muerte. ¿Qué buscaban con un nombramiento vitalicio? Pues, sencillamente, dotar a los jueces federales, desde el más modesto hasta los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, de la independencia indispensable para que el Poder Judicial pueda, verdaderamente, ser un contrapeso en el sistema constitucional y para que los jueces que lo integran puedan resolver las controversias de que conocen, públicas o privadas, con imparcialidad.
Por eso me parece casi increíble que, quienes ahora tienen en sus manos el deber y facultad de postular a los candidatos a magistrados de los tribunales más altos de la república pierdan semanas enteras en discutir sobre la sede en que deban realizarse sus funciones. Por supuesto, no son todos los comisionados los responsables de una discusión tan estéril como absurda. Uno de ellos, según Prensa Libre, esgrimió que la sede tenía que ser “neutral”. ¿Neutral? ¿Respecto de qué o en qué sentido?
Las funciones de los comisionados no pueden ser partidistas. Los comisionados no pueden promover a “sus” candidatos. Más bien por el contrario, deben promover a candidatos que no se consideren “deudores” o “comprometidos” con ellos. Cualquier candidato que así se considerara automáticamente tendría que descalificarse. Pero, según me parece, nada de eso es así. O casi nada.
He argumentado muchas veces que las reglas constitucionales vigentes hacen inviable la conformación de un Poder Judicial independiente, elemento esencial del sistema republicano de gobierno y de la imparcialidad que define a cualquier juez de cualquier sistema. He aquí una prueba más en sustento de lo que he planteado. Mientras este país necesita a gritos de un Poder Judicial independiente, los comisionados desperdician tiempo valioso discutiendo sobre una “sede neutral”.
De todo esto no son responsables los ciudadanos de Guatemala. Son responsables sus élites morales, intelectuales y económicas. Lo son porque, después de más de tres décadas de asistir a escenarios parecidos al actual, siguen inmóviles, esperando a que, sin razón alguna que pudiera explicarlo o justificarlo, las cosas sean diferentes. Esta no es una opinión particular de este columnista. A Guatemala le han exigido la ONU, la OEA y otros actores de la comunidad internacional que cumpla con sus compromisos como uno de sus miembros en materias de justicia y del imperio del derecho. Año con año su puntuación en todos los índices que se refieren a estas cuestiones es de las más bajas del planeta y, siendo la economía más grande de la región, la inversión extranjera directa per cápita es una de las más bajas. Costa Rica –con una de las mejores puntuaciones regionales en los índices de imperio del derecho—con alrededor de la tercera parte de la población tiene casi el triple de inversión extranjera directa. Pero, para las élites, nada de eso parece importar.
