“La Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”, la cual dispone que tanto elementos de la Policía Nacional Civil como del Ejército puedan utilizar la fuerza en cumplimiento de sus funciones no es nada más y nada menos que una iniciativa para reprimir a la ciudadanía y una afrenta a los Derechos Humanos de todos los ciudadanos.

El hecho de que esta iniciativa inicie el trámite de su aprobación en el pleno del Congreso de la República enciende las alarmas pues lo que se pretende o ese sería el espíritu de la Ley, es reprimir a la población con el uso de la fuerza del Estado, en cualquier caso que a criterio de las fuerzas de seguridad amerite el uso de armas de fuego en contra de la población civil.

Y es que es preocupante que esta iniciativa se discuta con los diputados que actualmente tiene el Congreso que lo que buscan es únicamente vengarse de la población en especial de las organizaciones sociales pues no les bastó con la Ley de ONG para controlar y reprimir a esta parte de la población sino que ahora buscan emplear la fuerza en su contra.

Lo decimos con conocimiento de causa ante las declaraciones del presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado Boris España, incluido en la Lista Engel, quien externó su apoyo a la Ley.

«No podemos estar mandando a nuestras fuerzas de seguridad a garantizar los Derechos Humanos de una manifestación cuando los manifestantes andan con palos y pistolas. El que va con palos, palazos quiere, y el que va con pistolas, balazos quiere», dijo el parlamentario.

España es claro al mencionar a los manifestantes y a la Ley que le permitirá a las fuerzas del Estado aplicarla a diestra y siniestra contra quienes se manifiesten en contra del Gobierno, “es una iniciativa que fortalece al Estado, no importando el Gobierno que esté ni el momento en el que esté”, dijo, pero sus palabras lo contradicen al asegurar que los manifestantes palo quieren.

Por otro lado, el diputado Manuel Conde Orellana, aseguró que “la iniciativa busca empoderar a nuestra fuerza pública, no es ni antidemocrático, ni va en contra de los Derechos Humanos; todo lo contrario, la seguridad ciudadana es un derecho humano y es una obligación del Estado”.

Sin embargo, al diputado Conde Orellana se le olvida que la fuerza del Estado en contra de la ciudadanía viola completamente los Derechos Humanos de todos, no podemos propasar un derecho sobre otro, el uso de la fuerza contra la población siempre será violatorio de Derechos Humanos.

Ahora no vengan a decir que es contra la delincuencia cuando claramente no lo es, el uso de la fuerza no va a disuadir a los delincuentes, por ello es que la pena de muerte en Guatemala no puede ser reactivada porque no es un disuasivo para la delincuencia y mucho menos para los altos índices de violencia que desde hace años afecta al país.

Por supuesto que estamos de acuerdo con iniciativas que vayan en contra de la delincuencia y disminuyan los altos índices de violencia y homicidios en Guatemala, pero nunca de acuerdo con iniciativas que lo único que buscan es amedrentar y reprimir a la población.

Por eso alzamos la voz y decimos #NoALa6067