Decía Montesquieu que “no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”. Esto aplica a los actos realizados por varios funcionarios, incluida la jueza Abelina Cruz Toscano.
La primera vez que supe de ella fue a mediados de agosto de 2018, cuando era interina en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal y en forma ilegal y con argumentos engañosos, concedió arresto domiciliario a Blanca Stalling, acusada de traficar influencias para beneficiar a su hijo, quien estaba imputado por actos de corrupción en el seguro social.
Impugné esa resolución y, más adelante, la Corte de Constitucionalidad me confirió la razón.
Meses después de haber beneficiado a Stalling, de nuevo supe de Cruz Toscano porque benefició a la mayoría de procesados del caso de Corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango, por la adjudicación y ejecución fraudulenta de proyectos municipales por empresarios coludidos con la corporación municipal, a cambio de sobornos en beneficio de los funcionarios municipales.
Al tiempo de mi salida de Guatemala, supe de esta jueza como la gran benefactora de algunos de los personajes más corruptos de la historia del país.
Antes de que ella llegara a ese juzgado, en 2022, después de la renuncia de Ericka Aifán del Juzgado de Mayor Riesgo D, fue nombrado en ese juzgado, Juan José Jiménez Texaj.
Estuvo 14 meses al frente de la judicatura. Y salió de ahí señalado de beneficiar a los acusados de casos de gran corrupción, incluso denunciado por un auxiliar judicial, quien lo acusó de recibir sobornos para beneficiar al exministro de comunicaciones José Luis Benito Ruiz, acusado del ocultamiento de más de 123 millones de quetzales provenientes de sobornos.
La salida de Jiménez Texaj dio paso a la llegada de la jueza Abelina Cruz Toscano, quien al parecer superó a su predecesor.
Sin hacer una remembranza exhaustiva, porque la misma la tengo documentada para otros fines, quiero mostrar la gracia concedida por esta jueza de la impunidad.
Por ejemplo, en febrero de 2024 cerró en favor de Gustavo Alejos el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado. Dicho juicio contaba con suficiente material probatorio que permitía establecer cómo un empresario constructor pagó en concepto de coimas a Alejos, por lo menos US$ USD 7.2 millones, cuando éste fungía como secretario privado de la presidencia de la república.
Entre 2017 y 2018, la antigua FECI y la CICIG desarticularon una estructura liderada por Alejandro Sinibaldi, quien cobraba sobornos a los contratistas del Estado a cambio de que el ministerio de Comunicaciones pagara contratos, ya sea de proyectos en vigencia o de cancelación de deuda, en distintas modalidades: a) pagos en Guatemala vía empresas de cartón, donde justificaban los ingresos de dinero mediante facturación por servicios que nunca fueron prestados; b) pagos en efectivo; c) pagos que se realizaron en el extranjero, vía entidades de off shore, con simulación de contratos de asesorías o préstamos; d) pagos por contratación de asesorías; e) pagos de sobornos destinados a financiamiento electoral ilícito; f) adquisición de bienes.
Pese a la suficiencia probatoria, en abril de 2024 la jueza favoreció al cabecilla de la estructura, Alejandro Sinibaldi y, paradójicamente, la misma Cruz Toscano condenó en la vía de aceptación de cargos a Anneliese Herrera y Juan Arturo Jegerlehner, quienes fueron hallados culpables de servir al exministro en operaciones ilegales y en forma valiente colaboraron y brindaron información a la fiscalía.
Solo unos días después, en mayo de 2024, siguió en la lista de beneficiados de Abelina Cruz, el exdiputado y excandidato presidencial Estuardo Galdámez en el caso Asalto al Ministerio de Salud. Esta exención de cargos se hizo a pesar de que Galdámez formaba parte de una red de corrupción que operó en el ministerio de Salud entre 2012 y 2014, que involucró a 112 personas , señalados de desviar más de US$7 millones en sobornos. Antes de mi salida de Guatemala habíamos detectado que Galdámez poseía cuentas por más de Q69 millones en Estados Unidos, Suiza, Alemania y Guatemala.
En el caso Odebrecht, la investigación había establecido que el excandidato presidencial Manuel Baldizón, en complicidad con el exministro Sinibaldi y en concierto con los directivos de Odebrecht, recibió en total US$1,3 millones en concepto de comisiones ilícitas.
El 26 de julio de 2024, Cruz Toscano cerró el caso Odebrecht a favor de Baldizón.
Estos casos son apenas una muestra de las atrocidades cometidas por Abelina Cruz en su desempeño judicial, quien hace días confirió entrevista a algunos medios de comunicación, a quienes dijo que sus resoluciones hablan por ella.
En eso sí estoy de acuerdo con ella: esos fallos retratan a una juzgadora que incumple con los preceptos de suficiencia, competencia, integridad e independencia que se exige a un juez.
Aún hay más.