Esta semana el gobierno de Bernardo Arévalo se anota un punto a favor, al lograr la mayoría legislativa para aprobar la ampliación presupuestaria, pero una de sus funcionarias es capturada por el Ministerio Publico.
La lucha por el control institucional de Guatemala continúa desarrollándose de forma continuada, de manera que cada semana se profundiza la lógica contradictoria entre un gobierno que intenta afianzarse y avanzar hacia sus objetivos trazados, y una coalición de actores ocultos que intentan desde junio de 2023, frenarlo o incluso destituirlo. Al frente de esta coalición de actores opositores se encuentra las autoridades del Ministerio Público, por un lado, y el rostro del Juez Fredy Orellana, quienes son los dos protagonistas más importantes en la serie de amenazas que se ciernen sobre el gobierno del partido Semilla; sin embargo, la lista de opositores es muy larga, e incluye actores de sociedad civil, funcionarios, empresarios, medios de comunicación y lideres de partidos políticos; en este último caso, los diputados Álvaro Arzú Escobar, Allan Rodríguez y Sandra Jovel son los rostros más conocidos de quienes intentan obstaculizar los planes gubernamentales.
La correlación de fuerzas de ambos sectores parece ser un estira y encoje, tal como se visualiza esta semana: por un lado, se logró el consenso de 111 congresistas se alinearon al gobierno, pese a la evidente oposición que ejerció el expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, quien se le vio activamente trabajando y argumentando en contra de tal esfuerzo del partido oficial. Para algunos analistas, el hecho de que se haya aprobado el presupuesto es una victoria importante del gobierno actual, debido a que la bancada Semilla parece estar encontrando las claves para superar y articular la oposición, de forma que se alinean de forma temporal a su causa; está por verse si esta habilidad logra finalmente avanzar en proyectos de mayor envergadura, tal como la propuesta para reformar la ley del MP, o avanzar en el proyecto de la ley de Competencia, entre otros temas relevantes que ellos mismos se han trazado.
La mala noticia para el presidente Arévalo es que la amenaza judicial sigue más latente que nunca, al ejecutarse la captura de una de las integrantes destacadas del partido oficial: la directora del Instituto de la Víctima y anteriormente diputada al Congreso de la República, por lo que la captura representa la primera acción concreta que se ejecuta contra una funcionaria del actual gobierno. En la red social de Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo y conocido actor aliado al Ministerio Público, se expresa que el primer objetivo está cumplido, y en la lista de funcionarios que aparecen, se destaca la misma figura del Presidente Arévalo, confirmando lo que todos ya sabemos: la meta última es la destitución del actual gobierno.
Lamentablemente, la batalla judicial sigue amenazando la perspectiva de gobernabilidad de Arévalo: al finalizar el proceso de aprobación de la ampliación presupuestaria, Allan Rodríguez argumento que la batalla final no se ha producido, ya que ellos tienen un as bajo la manga: según los opositores, para aprobar la ampliación presupuestaria se suspendió la interpelación contra los ministros de Ambiente y Gobernación que estaba en curso en el Congreso, por lo que según ellos, es inconstitucional, y debe de declararse como una acción ilegal. Lamentablemente, esta acción recae una vez más sobre la Corte de Constitucionalidad, máximo ente judicial que lamentablemente ha votado varias veces en contra del gobierno de Semilla, por lo que aún queda la posibilidad de que tal victoria sea finalmente otra dolorosa derrota. En síntesis, el pulso por el control de la institucionalidad del País continua sin descanso, y se intuye que el desenlace de tal contradicción podría ocurrir en cualquier momento.
