Se ve justificación en emitir un estado de calamidad pública cuando una pandemia llega, ciertamente, se requieren dineros y medios extraordinarios para atender la misma, más en Estados tan precarios y excluyentes como el guatemalteco. De hecho, pude encontrar razón jurídica constitucional en la emisión de este, claro, siempre que sus fines estén orientados al modelo constitucional vigente de estados de excepción el cual descansa en un marco ideológico y conceptual sustentado en un orden democrático, de derechos humanos y respetuoso de la división de poderes. Además, en un modelo de concreción interpretativa que orienta hacia los valores e intenciones por las cuales sea organizado el Estado y el fin que persigue, siendo estos el bien común, las libertades y derechos de las personas.
Sin embargo, obviamos, cual castigo histórico de memoria, tres ámbitos esenciales sobre los cuales descansa nuestro mal logrado modelo democrático: a) que seguimos votando sin elegir; b) que las estructuras corruptas del Estado buscan reacomodarse para seguir mamando del Estado; y c) que no hay empresa privada grande o mediana que no logre un desarrollo millonario si no es con negocios con el Estado. De tal cuenta, aún cuando se evidenciaron tranzas, corrupción e impunidad entre gobernantes, partidos políticos y algunas entidades privadas, estas no fueron del todo desarticuladas y, de alguna manera, mantienen capturado al Estado.
Los estados de excepción son explicados en nuestras realidades desde modelos latinoamericanos de otrora tiempos 1970 y 1980 no como defensa del bien común, libertades y derechos, si no, de terror estatal y autoritarismos. Parece seguir siendo así, especialmente cuando solo en el año 2020 usted ha vivido 6 estados de sitio con cero resultados reales.
Usted ha vivido en este año 1 estado de calamidad pública extendido por más de cinco meses que parece ya no cumplir con los principios de ser necesario, temporal y proporcional. Al final las medidas de precaución y cuidado quedaron en cada uno de nosotros, la salud no necesariamente se protege, hospitales construidos en lugares temporales, equipo de quinta categoría y mal pago o no pago de los servidores de salud. Una fachada de atención que no conllevo por ningún lado a la atención real y verdadera de la pandemia, si no, a la liberación de millones de quetzales sin que sean vistos realmente en donde terminaron, lo peor aún, sin que los entes de fiscalización como la Contraloría auditen y verifiquen las cuentas.
El Congreso de la República entiende la necesidad de la Pandemia, pero ya no realizó el ejercicio de fiscalización, auditoria, ni balance de poder, parece complacerse con fingidos informes, que más bien pueden ser reportes policiales. Sí, es que la crisis de representación parlamentaria sigue sostenida en un grupo de diputados/as que entienden poco o nada del ejercicio de representación parlamentaria. Finalmente, una fiscalía general que ni para hablar o gastar líneas en explicar su posición evidente.
Se recompuso el modelo de clientelismo, sigue sin funcionar la fiscalización y auditoria, tocará restablecer los procesos ciudadanos de presión para rendición de cuentas y ejercer una implacable auditoría desde los espacios sociales locales. Es importante internalizar en cada uno de nosotros que tenemos derecho a la rendición de cuentas, a la transparencia y a vivir libres de corrupción.
¿En dónde esta el dinero? Debe ser acompañada de ¿en dónde están los resultados?
