El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval en una entrevista con el medio alemán DW, habló de la viabilidad ante la posible creación de una Corte Internacional Anticorrupción, pues aseguró que «existe una relación estrecha entre corrupción y derechos humanos”.
El exfiscal que actualmente se encuentra en exilio en Estados Unidos, dijo que en el caso de Guatemala y su exitosa Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) es un antecedente bueno. Pero también malo.
«El objetivo de la CICIG era la desarticulación de cuerpos ilegales incrustados en el Estado. Lo que se pudo descubrir es que la gran corrupción operaba al más alto nivel gubernamental. Los usuarios de ese sistema corrupto eran de la oligarquía guatemalteca que por siglos ha manejado el país. Pero el mandato de la CICIG chocó con los intereses de esa clase dominante”, explicó Sandoval a ese medio de comunicación.
Esta comisión estuvo en el país entre diciembre de 2006 y septiembre de 2019, tiempo en el cual destapó a redes corruptas que incluían al binomio presidencial.
«Y la CICIG tuvo que salir. Guatemala es un ejemplo de un Estado capturado, donde un mecanismo internacional fue eficaz, pero su no continuidad permitió que estemos, ahora, avanzando a pasos agigantados hacia una dictadura. Pero usando el sistema legal para aparentar legitimidad en sus actuaciones”, dijo.
Por ello, en la actualidad existen 40 operadores de justicia, entre ellos una veintena de fiscales, quienes han tenido que escoger entre el exilio o la cárcel.
Por su parte, el Parlamento Europeo está en pleno debate el apoyo a una corte extraterritorial, a donde puedan ir los casos de cleptocracia, partiendo de que los líderes corruptos no permiten una investigación honesta y enérgica de su persona y allegados, y eso crea un vacío legal. Además, porque la corrupción conlleva violaciones a los derechos humanos.
«El no acceso de la población más pobre a los servicios básicos de alimentación, educación, salud, seguridad, se debe en gran parte a la corrupción que lleva a la violación del derecho a la alimentación. En países como Guatemala se debe en mucho a los graves actos de corrupción, el desvío del recurso público para atender intereses personales y no las necesidades básicas de la población”, dijo Sandoval a DW.
Por ello a su criterio, éste es el camino hacia la solución, aunque los problemas de no inmediatez, los costos, la burocracia, la necesidad de aprobación internacional y los años que faltan para que se haga realidad, hagan cuesta arriba creer en su creación. Además, sería otra vez un mecanismo creado en el norte y aplicable en el sur, opinan críticos de esta idea.
El exoperador de justicia en nuestro país lamentó que no se pueden fortalecer las comisiones regionales o locales contra la corrupción y la impunidad, y puso como ejemplo Honduras, en donde el mecanismo anticorrupción estaba cerca de descubrir que la administración estaba envuelta en casos de corrupción. Y fue suspendido. Mientras que en El Salvador, por mandato de la OEA, se estableció un mecanismo contra la impunidad, y el gobierno realizó Decretos de autoamnistía para que no se investigaran hechos cometidos durante la pandemia.
La importancia de luchar contra la corrupción consta, desde el 2004, en la Convención de las Naciones Unidas, siendo ésta una plaga insidiosa, de consecuencias corrosivas, que socava las democracias, distorsiona mercados y permite el florecimiento de la delincuencia organizada. Los 181 países firmantes de la convención tienen leyes en cuanto la punición del blanqueo de capitales o la apropiación de capitales públicos.
Sin embargo, la corrupción no ha disminuido. Y si bien florece en todo el mundo, «especialmente en América Latina, el sudeste asiático y el África, hay gobiernos con debilidad institucional no están en disposición de desarticular aparatos de corrupción”, señaló Sandoval, quien espera que el impulso venga de Europa.
«Aunque Europa tiene puesta su vista en temas que la afectan más inmediata y directamente, como la migración del norte del África, debemos impulsar la idea de que esosflujos migratorios tienen sus raíces más profundas en la corrupción de los países”, puntualizó.
