Inicia un nuevo año, pero antes de narrar los acontecimientos y vicisitudes de nuestro sistema de injusticia de este 2023 –que apenas arranca, pero ya da mucho que comentar– no descuidemos la crítica al molde de la impunidad que nos dejó enésimos sinsabores.
Para comenzar, recordemos cómo en diciembre un tribunal absolvió a 10 acusados del caso La Línea. El fundamento para no valorar la declaración de Salvador González (Eco) fue un mero formalismo, pues las juezas consideraron que el juez Miguel Ángel Gálvez no juramentó al testigo. Ese pase de trámite fue la razón para beneficiar a integrantes de la SAT, vinculados con la organización criminal.
Un argumento idéntico sirvió meses atrás, al mismo tribunal, para absolver al exdiputado Julio Juárez: no valoró la declaración del colaborador eficaz que aportaba información sobre la autoría intelectual en el asesinato de periodistas en Mazatenango.
La FECI también aportó con su desidia para este caso de impunidad pues no presentó todas las pruebas en el debate. No conformes con la mediocridad e ineficiente actuación de los fiscales actuales, ante el resultado adverso para el MP, se arremetió y amenazó a los investigadores iniciales, quienes en forma eficiente realizaron la investigación del caso.
En el caso La Línea, fue público y además los medios de comunicación difundieron cómo el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón Rojas fue obligado a denunciar a los anteriores fiscales de la FECI a cambio de recibir beneficios.
En esa cadena de chantajes de la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, está la situación del acusado Juan José Suárez Meseguer en el caso TCQ. Suárez no fue acogido como colaborador eficaz porque se negó a denunciarme a petición de la fiscalía.
Al no prestarse al juego, Juan José Suárez optó por acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos. La justicia guatemalteca perdió así una valiosa oportunidad para conocer los aportes que él podía detallar sobre la operación de un millonario soborno y lavado de activos a nivel internacional en la famosa y triste concesión de un puerto.
Es evidente que a la fiscalía no le interesa profundizar sobre las estructuras criminales de gran corrupción. La gestión actual está más concentrada en perseguir y procurar una especie de venganza en quienes descubrimos esquemas criminales con raíces profundas en el país.
En el recién finalizado 2022 y a raíz de la condena al ex ministro Valladares Urruela en Estados Unidos, el caso Tigo salió nuevamente a la conversación pública. El antecedente más notorio de esa condena fue la protección de la que gozaron la mayoría de diputados del Congreso de la República de Guatemala.
En la desgracia de ese caso, hay que tener presente que en 2019, Consuelo Porras detuvo el proceso para permitir que el control judicial del mismo, en forma conveniente, quedara en manos del juez Víctor Cruz. Éste último aprovechó su posición para desbaratar la pesquisa.
No menos grave que lo anterior, la Corte Suprema de Justicia protegió a todos los congresistas señalados de apañar la llamada Ley Tigo. Paradójicamente, el único procesado es el exdiputado Edgar Cristiani, quien reveló el esquema de recepción de sobornos provenientes de la telefónica.
En este vergonzoso inventario, se cuenta ahora el caso Caso Fugas Sistema Penitenciario. La FECI actual protege a la jueza Coralia Carmina Contreras Flores, quien emitió órdenes de libertad falsas a condenados por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, entre ellos, el mexicano Ramón Antonio Yañez Ochoa –RAYO-, integrante de una peligrosa organización de narcotráfico.
Mediante sanciones graves y peticiones de extradición que analizaremos en una siguiente entrega de este inventario, revisaremos profusamente los avatares del sistema de injusticia de Guatemala.
La resaca navideña y el mareo que provoca el ambiente electoral no deben anestesiarnos de los oprobios que el cartel de la toga provoca en el aparato judicial. Espero que el nuevo año no sea tan difícil como el anterior.
