RECOMPENSA PARA LOS ACTORES CORRUPTOS Y CASTIGO PARA FISCALES ANTICORRUPCIÓN

Juan Francisco Sandoval
Juan Francisco Sandoval

Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi, Juan Carlos Monzón son tres actores vinculados con la política nacional. Sus violaciones a la ley fueron reveladas por el trabajo de la antigua FECI y la CICIG.

Esta terna tiene varias coincidencias en su manera de actuar, tanto en su función pública como en la forma de responder a sus acusaciones por corrupción.

De los tres, solo Juan Carlos Monzón se sometió a un proceso de colaboración eficaz. Mientras, Baldizón y Sinibaldi en algún momento se acercaron a la fiscalía con el propósito colaborar para revelar la corrupción sistémica, en la cual fungieron como ejecutores cruciales.

De hecho, los tres saben cómo fue conformada de manera ilegítima la actual Corte Suprema de Justicia –prolongada ilegalmente ya tres años en funciones–, así como las lealtades juradas por los magistrados, para garantizarles impunidad a sus electores.

El nombre de Manuel Baldizón está en la lista de personajes como el exministro de economía, Acisclo Valladares Urruela, el empresario español, Ángel Pérez-Maura García, William Anthony Schwank López, un empresario guatemalteco, quienes, en tribunales extranjeros, han reconocido su participación en graves actos de corrupción en Guatemala. Los procesos en esos países han avanzado, a diferencia de lo que ocurre en el sistema de justicia de Guatemala, no han avanzado.

Mientras en Estados Unidos y en España se prueban como buenas y sólidas la tesis que presentamos los investigadores y fiscales que integramos los equipos originales de FECI, en Guatemala esos indicios y evidencias no pasan el estándar de calidad y rigor de la fiscal general Consuelo Porras. 

La dupla Sinibaldi-Baldizón, además de estar involucrados en la utilización del andamiaje corrupto de Guatemala, se han presentado como víctimas cuando llegan ante los tribunales guatemaltecos. Y, más peligroso aún, unen fuerzas para fortalecer el músculo a los falaces señalamientos que realiza el MP de Consuelo Porras y la Fundación para el Terrorismo, en contra de los fiscales anticorrupción.

Esta suerte de intereses es contraria a la apresurada persecución del Ministerio Público contra valiosos elementos del ya desmantelado equipo anticorrupción: refuerza las acciones del lawfare contra operadores judiciales, quienes ya éramos objeto de una infame persecución.

Carlos Antonio Vídez Navas, un valiente exfiscal que gestionó en su paso por la FECI casos como Construcción y Corrupción, el hallazgo de Q122 millones en efectivo en una casa de Antigua Guatemala, Red de Poder, Corrupción y Lavado, ha sido alcanzado recientemente por esta estrategia de persecución penal ilegítima contra funcionarios anticorrupción. Una orden de captura absurda obedece a la imaginación del actual jefe de la FECI quien señala que el fiscal alteró un formulario de difusión roja de la Interpol. Un formulario que en su momento fue recibido y gestionado en la Interpol y al superar los filtros exigibles, fue aprobado en la Secretaría General de esa instancia, ubicada en Lyon, Francia.

Días después fue emitida la cuarta orden de captura en mi contra y la segunda orden de captura en contra de Leily Santizo, exmandataria de CICIG. Un oprobio para la justicia esta última causa contra Santizo, quien ya está procesada, bajo arresto domiciliario y su delito fue comunicarse conmigo pues ambos sostenemos una relación profesional: la abogada Santizo forma parte de mi equipo de abogados.

Falazmente, el fiscal Curruchiche indicó que yo no era parte de los casos por los me comunicaba con la abogada y que se trataba de procesos en reserva. Olvidó ese fiscal que en una de las causas ya había sido emitida orden de captura en mi contra y que en el otro me encontraba entre uno de los “sospechosos” para la actual FECI –por ende, soy parte o como mínimo, interesado.

En esa patología obsesiva en mi contra, el fiscal Curruchiche sugiere ahora que la publicación en medios de comunicación, constituye acto de intimidación contra autoridades judiciales.

De ser así, es inexplicable que no muestre el mismo parámetro para las amenazas que profieren sus amigos de FCT y aliados netcenteros, que rebasan los límites de la libertad de expresión.

Es fácil responder a esta paradoja: El MP es una institución gestionada por los intereses personales y sectarios de quienes fueron descubiertos por el trabajo de la antigua FECI y CICIG. Esa es la razón por la que obran con motivación de odio y venganza.

Y patética fue la forma en que se emitió otra orden de captura contra Virginia Laparra. El campeonato de lo absurdo, lo abona el hecho que se ordenó su aprehensión cuando se encuentra bajo control estatal desde febrero. Un espectáculo grotesco que pinta en su total dimensión a las autoridades encargadas de la persecución penal.

Más irracional aún resultó que la orden de captura fue girada en un expediente que ya estaba desestimado y que fue reabierto con la finalidad asegurar la privación de libertad de Laparra, ante su eventual salida de prisión el pasado miércoles. Para ese día se había programado audiencia de revisión de medidas de coerción por el tribunal en el que se gestiona uno de los casos que parten de infaustos montajes, por lo que cabía la posibilidad de ser liberada.

La razón de esta columna, ha sido mostrar algunas de las dicotomías en las que se mueve el sistema de justicia de Guatemala: recompensa para los actores corruptos y castigo para quienes descubrimos la inmundicia de la administración gubernamental.