Después de que el presidente Alejandro Giammattei eligiera a Consuelo Porras como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) por un período más, diversos sectores se han pronunciado al respecto evidenciando su rechazo ante tal decisión.
La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) aseguró que con la reelección de Consuelo Porras en el Ministerio Público, el presidente Alejandro Giammattei «terminará de acabar con el Estado de Derecho y aumentará la criminalización y el irrespeto de los derechos humanos».
Con dicha elección, a criterio de Congcoop, «terminó la trama montada por el pacto de corruptos, dirigido por el presidente Giammattei, al elegir para un nuevo periodo a la señora Consuelo Porras, principal «alfil» de dicho pacto, quien únicamente se ha dedicado a frenar investigaciones por corrupción e impulsar causas espurias contra periodistas, fiscales y jueces».
Además, recordó que durante su primer mandato incrementó la criminalización, detenciones arbitrarias, impunidad y facilitó la corrupción.
«El presidente Giammattei, hizo caso omiso de los llamados de diferentes segmentos y sectores de la población, de igual manera de la comunidad internacional, para que eligiera a una persona idónea, proba, capaz, se decidió por protegerse y al resto de los que integran el pacto de corruptos, por investigaciones de corupción, garantizando impunidad plena», aseguró.
Por su parte, el Consejo Nacional Empresarial (CNE) aseguró que la reelección de Consuelo Porras como Fiscal General no es una buena noticia para el clima de inversión del país. Tampoco para la necesaria estabilidad y el Estado de Derecho.
«Después de un proceso tenso, lleno de presiones y donde una resolución de la Corte de Constitucionalidad prácticamente forzó a varios comisionados a incluirla en la lista de seis, el Presidente podía haber buscado una opción más razonable, pero se negó», recordó el Consejo.
Asimismo, indicó que insistir en un perfil que ha sido sancionado por nuestro mayor, con mucha diferencia, socio comercial y financiero, solo nos puede llevar al
aislamiento.
«La economía guatemalteca no puede permitirse ser un país paria y esta clase de decisiones nos llevan hacia ese nefasto camino, con consecuencias a largo plazo que pueden ser devastadoras para nuestro pequeñoy dependiente mercado», se lee en un comunicado emitido por el CNE.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) también se unió al rechazo de la decisión del presidente Alejandro Giammattei de elegir para un nuevo periodo a la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, indicando que con ello provocará más violaciones a la libertad de expresión, criminalización de periodistas y vulnerará aún más la defensa de los derechos humanos.
«La acción de Giammattei, que está originada en su interés por salvaguardarse a sí mismo y a sus allegados de investigaciones por posibles actos de corrupción, podría ocasionar un aislamiento de Guatemala en el plano internacional y que sea incluida en la lista de países autoritarios o con gobiernos dictatoriales», aseguró.
Indicó que Porras lejos de respetar el sistema de justicia, la normativa interna y los acuerdos internacionales suscritos por Guatemala, manipuló las leyes para criminalizar a los críticos del Presidente, iniciar o reabrir procesos espurios en contra de periodistas, realizar allanamientos injustificados en viviendas de comunicadores e intentar, en reiteradas ocasiones, violar el secreto de las fuentes periodísticas.
«Porras Argueta también es responsable de restringir el acceso a información pública y de interes general sobre procesos judiciales, al solicitar que estos fueran declarados bajo reserva para que la prensa no pudiera acceder a pormenores de los casos, mientras en secreto la institución a su cargo compartia información sobre estos procesos con cuentas falsas de netcenters en redes sociales, responsables de atacar a periodistas y defender con vehemencia a Giammattei y otros funcionarios estatales», dijo la APG.
También alertó sobre el incremento del exilio y desplazamiento forzado de periodistas, debido a las acciones represivas del Estado, encabezadas por la Presidencia, actos que podrían afectar también a los directores, propietarios o acciones de medios.
«En este grave escenario, advertimos sobre el posible interés que tengan las autoridades estatales por intervenir o clausurar medios de comunicación, como en una dictadura», mencionó.
