Ante el hecho de que tanto en Guatemala como en general en Iberoamérica haya tanto desencanto con la democracia, es oportuno, me parece, reflexionar sobre la naturaleza de los partidos políticos. Y, en ese sentido, es importante recordar que el sistema está basado en la premisa de que los ciudadanos que votan son “racionales” cuando actúan en ese proceso de toma de decisiones mediante el voto. Sopesan los costes y beneficios de votar y, en caso de llegar a la conclusión de que sí deben votar, sopesan los costes y beneficios de votar por cada una de las diversas opciones disponibles. Además, lo hacen con base en la información con la que cuentan y su apreciación de los efectos para sus vidas de las políticas públicas que cada opción electoral plantea.
Evidentemente, el tipo de información necesaria para poder hacer el tipo de ponderaciones mencionadas arriba y la capacidad para hacer un cálculo acertado de las consecuencias prácticas para un ciudadano de votar por “Alfa” o por “Beta” es uno de los desafíos estructurales de la democracia contemporánea. Ha habido muchos análisis y propuestas de cómo hacer llegar esa información y capacidad de valoración al votante medio; algunos plantean que se deje al “mercado político” desarrollar, a través de un proceso de prueba y error, mejores soluciones y otros estiman que son más efectivas las regulaciones obligatorias.
Entre las primeras, una de las más importantes es la definición ideológica de cada partido. En las democracias más maduras los partidos políticos dedican parte de sus recursos a forjar una ideología más o menos definida, a desarrollar sus consecuencias prácticas en términos de políticas públicas y a divulgarla entre los ciudadanos. Eso permite a un ciudadano medio afirmar cosas como “el partido tal nunca votaría a favor de esa política pública”. La mayor o menor fidelidad de un partido a determinada ideología tiene, también, ciertos beneficios y ciertos costes. Así, por ejemplo, en general, todos los ciudadanos que se identifiquen con la ideología de un determinado partido –o así lo crean— en principio respaldarán a sus candidatos. Pero, entre los costes está la necesidad de invertir recursos para lograr ganar más y más correligionarios o, por lo menos, más simpatía por la ideología del partido.
También entre las primeras están los especialistas, es decir, analistas y comentaristas independientes que, con espíritu crítico, aportan sus apreciaciones y explicaciones al conjunto de los ciudadanos. En la actualidad esto ocurre de múltiples maneras que van desde programas televisados hasta blogs y debates en plataformas como Youtube ©, etc.
Entre las segundas está todo lo relativo a la regulación de la propaganda electoral. Una de las ideas que ha tenido cierta aceptación es que, para impedir que la imagen de un partido y su mayor penetración dependan principalmente de cuántos recursos consiga para cubrir los costes de dicha propaganda, entonces, todos y cada uno de los partidos deban tener igual acceso a difundir sus mensajes, materiales, etc. Esto presenta, me parece, dos tipos de problemas, a saber: primero, de implementación práctica; y segundo, de distorsión de las preferencias ciudadanas.
Quiero enfocarme un poco más en lo segundo. Si uno se pregunta sobre el tipo de razones por las cuales un ciudadano, una empresa o una organización privada darían contribuciones a un partido político, creo que hay dos grupos básicos de razones (aunque en cada grupo haya diferentes grados y matices). El primer grupo aglutina a quienes quieren respaldar la ideología de un partido porque piensan que, tanto a ellos como a la generalidad de los ciudadanos, interesa su transformación en políticas públicas; el segundo reúne a quienes más bien buscan tener cierta influencia en las decisiones de política pública en el futuro, generalmente, para generarse una “renta”. Los “rent seekers”.
Los que integran el primer grupo manifiestan, de forma diferente al voto, su preferencia electoral genuina, es decir, su adherencia a la ideología de un partido. Y, entonces, el hecho de obligar a que con los recursos que hayan aportado los simpatizantes de un determinado partido también tengan acceso a publicar su propaganda y materiales electorales otros partidos que no gozan de la simpatía ideológica de los aportantes, distorsiona las preferencias electorales de los ciudadanos. Esto es contrario a la idea básica de la democracia, cual es que gane el partido que tenga el mayor respaldo ciudadano, también, en cuanto a los recursos que logre recaudar.
Los que pertenecen al segundo grupo van tras su interés particular, aunque a veces pudiera haber alguna coincidencia entre sus intereses y los de la generalidad. Sin embargo, bien sabido es que rara vez un ser humano es buen juez de su propia causa.
Es muy difícil evitar que la promoción de intereses particulares y la búsqueda de rentas se materialice a través de las contribuciones a los partidos políticos; sin embargo, soy de opinión que los principios básicos de la democracia quedan en juego cuando es posible “adquirir” un paquete de políticas públicas de interés especial por medio de contribuciones a determinados partidos políticos.
Creo que las dos técnicas más eficaces para enfrentar este problema son, una, frustrar la “confección de la paquetes de rentas” y, otra, la transparencia de las contribuciones, rigurosamente fiscalizada. La primera se refiere a las reglas constitucionales y legales del Estado; es imprescindible que se prohíba el ejercicio de las potestades legislativa y reglamentaria para otorgar ventajas, protección, subvenciones o privilegios (que son las cosas que generalmente conforman un paquete). En una palabra, en toda política pública legislada o regulada debe primar el principio de generalidad. La segunda se refiere a la obligación de que toda contribución a un partido político se haga pública y que eso se fiscalice rigurosamente por un órgano independiente de los partidos políticos.
No son soluciones perfectas, pero, creo yo, hasta ahora no se han concebido otras que den mejores resultados.
