El profesor Frühling indica que cualquier policía, pero especialmente en América Latina, debe dirigirse a asegurar la existencia de instituciones competentes en el terreno operativo. En otras palabras, en cada situación en donde un policía interviene hay un conjunto de conocimientos, valores y criterios que están acompañando a un policía. Debe cada agente, por tanto, ser portador de dos conceptos básicos: servir y proteger.
En los modelos democráticos o, como el caso de Guatemala, en donde la democracia es aún un proceso de transición, se ha dicho que la Policía también fortalece las garantías ciudadanas en contra del poder, esto es, una policía que no se instrumentaliza como un órgano de represión, ni de persecución política, si no, como un órgano estatal de garantías y cuyo distintivo profesional será su respeto hacia los derechos humanos.
Con estos componentes sobre la mesa, en Guatemala se ha exigido que la policía se oriente en primer lugar sobre una doctrina civil, es decir, abandonando cualquier modelo de militarización propio de la época 1960-1996. Esto tiene dos implicaciones: el interno, en donde el policía también puede desarrollar criterios propios de análisis de intervención en casos particulares, atendiendo a la máxima que puede oponerse a obedecer ordenes ilegales. El externo en cuanto su actuación pueda ser fiscalizada por la ciudadanía y también por procedimientos disciplinarios efectivos.
A partir de lo expuesto, el acoso hacia periodistas por parte de integrantes de la policía durante el año 2020 (agentes y oficiales), así como el uso innecesario, desproporcionado e ilegal de la fuerza contra población manifestante el 21 de noviembre del presente año, son muestras de que la PNC ha retrocedido en la consolidación del modelo que, desde la firma de los Acuerdos de Paz, especialmente del Acuerdo Sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, se venía dando.
El proceso de desprofesionalización policial, por tanto, de instrumentalización política, tiene como periodo clave el gobierno del señor Morales, quien, con sus pocos conocimientos democráticos y su alta terquedad autoritaria, desmonto el modelo de formación de oficiales policiales y desestructuro el mando policial que se había venido formando para una gerencia administrativa y operativa acorde al respeto de los derechos humanos. Sobre esta base, la vieja doctrina se reinstala y es aprovechada por personas que en el pasado reciente (2004-2008) ya han sido señaladas por utilizar armas y fuerza en contra de ciudadanos, a tal magnitud, que han sido procesados por torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Frente a estos retrocesos, va de nuevo la exigencia ciudadana y de fortalecimiento democrático de incrementar los controles externos o de supervisión; una policía laica; un sistema de formación profesional; un mando bajo estructuras operativas civiles y; protocolos de uso de la fuerza basados en los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad.
Quizá asegurar la independencia operativa policial, es decir, sin intervención política vuelve a poner en la mesa el debate sobre la necesidad de un ministerio de seguridad en donde un policía pueda llegar a ser ministro y con eso lo operativo se vea sometido a un tema táctico y técnico. Mientras que las cuentas políticas se rinden en un plano distinto, acompañadas por supuesto de la fiscalización ciudadana.
Va de nuevo, a recuperar la PNC desde el ejercicio ciudadano. A construir un sistema policial desde lo que se logro avanzar y hay que recuperar. La Policía es y debe ser de los ciudadanos, nunca de una persona o de un grupo de personas, ello requiere muchos cambios y, como dirían algunos, es una tarea permanente que no podemos desatender en este contexto histórico de transición en el que vivimos.
