La pandemia y las ramificaciones de situaciones a las que ha obligado a gobiernos y sociedades, en su conjunto, a modificar todo un sin fin de conductas, decisiones y modos de ver las realidades, también significa oportunidades únicas para promover transformaciones y lógicas de cambio, que sin el Covid serían lejanas.
Sea para reflejar protagonismos, reflejar rasgos autoritarios, acelerar procesos, garantizar mayor gobernabilidad, o aprovechar las circunstancias para legitimar ejercicios de gestión pública, a lo largo y ancho del mundo se están llevando a cabo procesos de distinto orden, orientados a capitalizar la coyuntura. En nuestro caso, lo anterior se traduce, por ejemplo, en la ocasión clave para promover reformas profundas al sistema de salud, que notablemente ha dejado ver sus diversas precariedades en el marco de la actual emergencia sanitaria.
Sin embargo, todo apunta a que no existe motivación alguna para emprender ese tipo de giros. Tal parece que el gobierno central es complaciente y se siente cómodo respecto al conjunto de factores que se cuentan. No ha evidenciado intención alguna de querer ir más lejos y aprovechar la coyuntura para iniciar, al menos, cambios de cierto calado en algunas de las áreas donde se notan las principales debilidades (salud, sistema de protección social, fortalecimiento de la institucionalidad, reactivación económica (mercado interno, agricultura familiar), seguridad alimentario-nutricional, entre otras áreas de oportunidad.
La tapa al pomo es la promoción de las reformas constitucionales en materia de justicia. Si bien, dicho tema ha sido colocado en la mesa pública desde 2012-13, ahora se vuelve a levantar en un momento donde la lógica indica que los cambios urgentes están en otros carriles. Además, la nueva propuesta, sus promotores y el ejercicio de presentación (no discusión) generados desde la Presidencia de la República dejan notables dudas y cuestionamientos. El fundamento del reciente posicionamiento, es la elección de las Cortes; proceso que notablemente ha sido puesto en el tapete por la infinidad de señalamientos que tiene la totalidad de las fases llevadas a cabo, que incluso han llevado al MP a la presentación de un nuevo caso, así como decisión reciente de la Corte de Constitucionalidad que conmina al Congreso a llevar una elección con base en los principios establecidos en el Artículo 113 de la Constitución Política.
Los intereses políticos están en este segundo plano y no en la agenda derivada de la emergencia. Es claro que la elección de la Corte de Constitucionalidad aparece como parte de la ecuación de mayor interés. El sistema de justicia, en su conjunto, representa una apuesta política de primera importancia para garantizar gobernabilidad y mayor margen de maniobra, no solo para las decisiones presidenciales, sino para una agenda que parece poco precisa, pero que podría atraer intereses oscuros.
Reforzar las condiciones maltrechas del régimen político obsoleto, sigue siendo la principal apuesta. A los actores de poder no les interesa promover cambios que no sean en la matriz de interés primario.
