PDH se solidariza con el juez Miguel Ángel Gálvez por amenazas

Foto: PDH

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez para expresarle su solidaridad ante las amenazas de las que ha sido víctima tras el fallo por el Caso Diario Militar.

Dicha resolución fue emitida por el juzgador el pasado viernes, en la que envió a juicio a nueve implicados en el referido caso, y a partir de ello, ha sufrido una serie de amenazas e intimidaciones.

«Yo le vengo a manifestar mi solidaridad. Él tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay que actualizarlos», dijo el PDH.

Asimismo, recordó que la justicia es un derecho humano y se debe tener una justicia independiente en los jueces de paz, jueces de instancia, los que conforman Tribunales, las Salas de Apelaciones y los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

«No pueden estar siendo objeto de intimidaciones y amenazas, eso es muy preocupante», agregó Rodas.

El PDH recordó que cualquier persona que sea parte del proceso que piense que la resolución no está apegada al derecho, tiene los recursos legales para impugnarla, pero no es amenazando ni intimidando al juez que las dicta como se fortalece la democracia y el Estado de Derecho.

Por su parte, el juez Gálvez se mostró satisfecho con la visita del Procurador. «Son momentos difíciles, la situación en Guatemala es bastante sensible», mencionó.

«Es preocupante porque no sólo están atentando corruptibilidad sino independencia judicial, que se supone eso es un legado no sólo a nivel individual sino de toda una población», mencionó el togado.

Aseguró que pondrá su caso en conocimiento de las autoridades de la Corte sin perjuicio que pueda decidir presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por la amenaza directa que la que es víctima.

«El indicar que ahora me toca a mi es como que ya lo hizo anteriormente con otras personas», mencionó.

Además dijo que las resoluciones las han dictado apegadas derecho y después de un análisis y estudio para garantizar el derecho de defensa.