Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales enviaron tres reportes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como contribución al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de Guatemala de 2023, en los que abordan los vicios en el proceso de selección y nombramiento de altas cortes, ataques y criminalización a operadores de justicia, y afectaciones a la independencia de fiscales y la autonomía del Ministerio Público (MP).
“En el sistema de selección de magistrados de las altas cortes de Guatemala, influyen directamente grupos de poder y redes de corrupción. Como resultado, el sistema judicial ha sido cooptado y utilizado para proteger los intereses es estos grupos y consolidar un sistema de impunidad”, indicaron las organizaciones.
Detallaron que desde el 2014 se “negociaron” los nombres de las personas que integraron las nóminas de elección que incluían a funcionarios y abogados influyentes, lo cual originó el caso denominado Comisiones Paralelas que inicialmente estuvo a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Esta situación se repitió en la elección de 2019, surgiendo en caso Comisiones Paralelas 2020, suspendiendo con ello el trabajo de las Comisiones de Postulación por múltiples irregularidades. Por su parte, la Fiscal General, Consuelo Porras, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) pidiendo la suspensión de la elección. Las organizaciones también señalaron las irregularidades en la elección de la alta Corte el año pasado.
También mencionaron que “hay evidencia de una estrategia coordinada entre los poderes de Estado de Guatemala y los grupos económicos para atacar, desacreditar y criminalizar a los jueces y fiscales que estuvieron a cargos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, especialmente quienes trabajaron con la CICIG, para debilitar estos casos para garantizar impunidad”.
Dejaron claro que, “el hostigamiento a los operadores de justicia impide que puedan actuar con independencia”, y con ello, afecta el derecho de acceso a una justicia imparcial y eficaz de toda la población.
“La actual Fiscal General obstruye investigaciones en casos de gran corrupción y graves violaciones de derechos humanos para proteger los intereses de grupos poderosos, y socava la capacidad de los fiscales para investigar estos casos de manera independiente”, señalaron las organizaciones.
Y concluyeron que, “durante los últimos cuatro años, el Estado guatemalteco ha puesto en riesgo la vida e integridad de los jueces y afectado su independencia para ejercer la función jurisdiccional sin presiones”.
