Organizaciones Internacionales se pronunciaron en contra del trámite del antejuicio contra el juez de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, «expresamos nuestro total rechazo por estos actos de criminalización y ataques a su independencia judicial», señalaron en un comunicado.
Asimismo, indicaron que la denuncia presentada contra el juez Gálvez se suma a una serie de ataques, hostigamientos, amenazas y acciones judiciales emprendidas contra operadores de justicia en Guatemala, que buscan remover de la judicatura a estos profesionales, con el objetivo de detener los avances de casos de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción. «Con estos actos, se atenta contra la democracia y la justicia, perpetuando un sistema de impunidad estructural en perjuicio del frágil estado de derecho en Guatemala, cuya defensa recae sobre jueces y juezas independientes», manifestaron.
Las organizaciones manifestaron que es extremadamente grave el uso indebido del derecho penal como estrategia de persecución en contra de un juez que ha dedicado su vida a la carrera judicial y ha demostrado su vocación democrática, probidad y reconocida honorabilidad.
«Con la presentación de esta denuncia en su contra, se busca atacar resoluciones que ha emitido el juez Miguel Ángel Gálvez en legítimo ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, ignorando que, de acuerdo con los estándares internacionales, las discrepancias jurídicas deben ser planteadas a través de los recursos y remedios procesales de los que disponen las partes en el marco del proceso penal para oponerse a las mismas», indicaron.
Agregaron que, «se utiliza el derecho penal como un mecanismo de represalia para separar al juez no solamente de un proceso en especifico, sino del ejercicio de la judicatura, lo cual pone en un riesgo extremadamente grave y urgente de daño irreparable el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los casos por los cuales se le persigue».
Las organizaciones expresaron su profunda preocupación por el irrespeto a las resoluciones de la judicatura y por ende al estado de derecho en Guatemala. «Desde ningún punto de vista es viable que los jueces y juezas sean perseguidos por las resoluciones que emiten».
Por lo que hicieron un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se respete la independencia judicial garantizada en la Constitución Política de la República de Guatemala y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. «Exhortamos a la comunidad internacional, para que siga de cerca los procesos de criminalización emprendidos contra jueces y juezas que debilitan el sistema judicial en el país. Urgimos, en el marco de los espacios e iniciativas de cooperación que integran o lideran, el rechazo a la criminalización contra operadores y operadoras de justicia».
Por último manifestaron que: «Es indispensable promover el respeto a la independencia judicial como una garantía necesaria en contextos democráticos para el respeto a los derechos humanos de la población».
