En mi última columna abordé sobre las desastrosas resoluciones con las que se despidió la corte anterior y también la forma como empezaron a ejercer funciones las nuevas cortes de la justicia.
Desde entonces, las cosas avanzaron para mal, pues la justicia aún es usada como herramienta de protección a violadores de derechos humanos y actores corruptos.
Unos ejemplos:• Veamos qué pasó con el caso conocido como CREOMPAZ. Ese es el acrónimo del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, un nombre que contradice lo que allí ocurrió. En ese lugar, localizado en el municipio de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz, funcionó la zona militar número 21. En pesquisas desarrolladas entre 2012 y 2015, fueron localizadas osamentas que corresponden a 558 personas, 90 eran niños. A partir de esta evidencia, la Fiscalía de Derechos Humanos articuló uno de los casos de desapariciones forzadas más grandes de América Latina. En 2016 acusaron a los principales sospechosos de graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado. Tomó 8 años para que avanzara. Apenas a 22 días de su instalación, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones para Procesos de Mayor Riesgo, anuló todo lo actuado, una decisión que no hace sino obvia la intención de generar impunidad. Esa decisión fue visiblemente coordinada con la Fiscal General Consuelo Porras, quien por la fecha destituyó al fiscal encargado del proceso, Erick de León, y prosiguió con la desarticulación de la Fiscalía de Derechos Humanos.
• La Corte de Constitucionalidad en días recientes se sumó a la ola cuando benefició a una de las figuras de la corrupción, Manuel Baldizón. Ahora fue favorecido en el caso de financiamiento ilícito del extinto partido LÍDER, en el que fue exculpado. Aunque las investigaciones establecieron que Q6.5 millones provenientes del subsidio estatal para el transporte fueron destinados a las campañas electorales de 2011 y 2015. Lejos de juzgarlo por ese grave robo al erario, el individuo fue premiado por el máximo tribunal del país.
Los anteriores son apenas dos ejemplos claros de cómo el sistema de justicia propicia la impunidad de acusados de graves violaciones de derechos humanos y en casos de macro corrupción.
En sentido contrario, en estos mismos días, vimos muestras de cómo la justicia es un arma de persecución a opositores o disidentes:
• La Sala Segunda de Apelaciones, sin fundamento, ordenó el retorno del periodista Rubén Zamora a la prisión. A la carencia de fundamento, se suman las falsedades implícitas en la resolución, como la afirmación de que la condena contra Zamora está firme, una falsedad, pues el caso está de nuevo en un tribunal de sentencia, pues la condena fue anulada.
• El Ministerio Público, después, a la salida de Félix Alvarado del cargo de Ministro de Comunicaciones, inmediatamente allanó su vivienda. Sustentado en ilegalidades, como el montaje del caso, y la clara intención de utilizar el allanamiento para impedir la movilización de Alvarado, cuando la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad ha establecido que, en el proceso penal, mientras una persona no esté procesada, no puede ser arraigada. Incautar el pasaporte del exministro no solo contraviene la legislación sobre el propósito de las diligencias de registro y secuestro de evidencia, sino también postulados constitucionales y convencionales sobre derechos humanos y el derecho de movilización de los individuos.
La tímida reacción gubernamental y la respuesta de la fiscalía son temas que ameritan discusión y análisis, pero lo que podemos observar con las muestras presentadas es que el sistema de justicia continúa al servicio de las fuerzas de la impunidad: usan la justicia contra actores incómodos, como también la usan para redimir a señalados en casos de gran corrupción.
La justicia sigue el dictado del “gatopardismo”: todo cambió para que nada cambiara.
