Mi generación en la niñez tarareó la frase “no culpo ni disculpo ni pago hospital”; usualmente era utilizada a la hora del recreo cuando los pasillos estaban llenos y se deseaba atravesar por estos. Cándida manera de advertir que se pasaría así fuera necesario empujar o golpear sin asumirlas consecuencias. Esa misma actitud repitieron los anfitriones de la fiesta clandestina en plena pandemia y los padres de los asistentes, quienes por juzgar por su apariencia son de esa misma generación. Con ese actuar mostraron su escasez de entendimiento sobre la crisis de salud que se vive, y se expusieron como el reflejo de un conglomerado social que se atreve a faltarle el respeto a la ley para lograr su cometido, en este caso divertirse y divertir a los suyos sin límites.
Como abogada me indigna y provoca enojo esa chamarra gruesa e invisible de impunidad que asumieron tener los anfitriones de la fiesta, la cual se materializó y quedó registrada en imágenes y audios que circularon durante y después de la celebración. Por ejemplo, el rotulo en la pantalla que solicitaba silencio porque afuera se encontraba la policía, así como la grabación en la que se escuchó al posible artífice presumir la forma en que persuadió a los agentes de cumplir con su obligación.
Fueron esas mismas fotografías y audios que despertaron la furia de muchos chapines en diversas redes sociales y alertaron a las máximas autoridades de lo ocurrido. A pocas horas del suceso el Ministerio de Gobernación emitió un comunicado en el que anunció la realización de investigaciones sobre el hecho, así como del actuar de los agentes policiales que acudieron al lugar. Al día siguiente, el Ministerio Público se presentó a la localidad para recoger evidencia. ¡Y cómo olvidar el regaño presidencial en plena cadena nacional! Este caso, con otra dimensión y gravedad, se sumó a la larga lista de delitos en que investigadores policiales y fiscales deberán de llevar ante un juez quien aplicará el castigo correspondiente con todo el rigor. A medida que se resuelva este y otros casos, la población volverá a confiar en el sistema de justicia penal y pensará que en este país todos somos iguales ante la ley.
Por otra parte, como madre me preocupa que personas como los generosos organizadores y padres de los participantes, se comporten de esa manera y a la vez sean educadores de generaciones en las que en sus manos estará el destino de Guatemala. La intranquilidad deviene principalmente del analfabetismo funcional que este grupo demuestra padecer, al punto que son capaces de someter a sus hijos al peligro de ser contagiados de una enfermedad letal, como ser colaboradores en la propagación de la pandemia.
Lo peor es que probablemente no se percaten de la privación de elementos de juicio, la debilidad de su sentido común y análisis crítico que tienen, situación que los convierte en una amenaza para ellos mismos, sus descendientes y la sociedad, pues con estas debilidades es muy probable que sus actos se agraven y resulten agredidas personas inocentes. Para nuestra fortuna y su desdicha no se puede alegar ignorancia ante la ley.
Asimismo, este evento reitera la debilidad del sistema educativo de dotar a todos los alumnos de destrezas y habilidades para la vida, por lo que las autoridades están obligadas a reflexionar sobre la conveniencia de cambiar los métodos de enseñanza con la finalidad de promover el bienestar emocional y social de la población.