Era previsible que el último tramo de este 2022 iba a despuntar toda la artillería de quienes disputarán cargos de elección popular en las próximas elecciones.
Velar por la libertad y efectividad del voto y por la pureza del proceso electoral es un deber y derecho político impuesto por la Constitución Política de la República. Pero ese postulado no se materializa, como tampoco los eventos electorales son sinónimo de democracia.
Sin desdeñar su importancia, debieran traducirse en fiestas cívicas donde entren en liza todas las manifestaciones políticas e ideológicas, para que los ciudadanos puedan elegir su mejor opción entre planes, programas y proyectos propuestos.
Contrario a ello, la elección está supeditada al sostenimiento de un régimen, cuyo principal esfuerzo y objetivo es prevalecer. Evaden las reglas electorales y el fortalecen toda la maquinaria que tiene capturado al Estado, develada en su momento por las investigaciones que llevó a cabo la CICIG y la antigua FECI.
Los órganos de control electoral, el Tribunal Supremo Electoral (que no es tan supremo) y la Contraloría de Cuentas jugarán un rol esencial en la definición de candidaturas y de quienes, al finalizar el proceso, asumirán los puestos.
Respecto del primero, ya pueden ser auditadas sus actuaciones: la justicia electoral no se aplica con el mismo rigor a todas las agrupaciones políticas. Se censura a la disidencia y se protege a quienes representan el establishment.
Vemos hoy que además del Ejecutivo y el Legislativo, que obviamente defienden intereses políticos –por natural concepción-, están en alineación perfecta con el sistema judicial: Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público, a quienes se suma el recién elector Procurador de Derechos Humanos.
Respecto del sistema de justicia, por enésima ocasión señalaré que los operadores judiciales que pusimos al descubierto las maniobras para la manipulación de los procesos electorales somos víctimas de una encarnizada persecución desde todas las instituciones del Estado.
Ese tópico, ya abordado, tiene para el próximo acontecimiento electoral un mecanismo adicional que apenas se pone en marcha.
Los “roedores políticos”, quienes buscan congraciarse con los financistas y los actores que sostienen al régimen, ven conveniente, al salir de sus madrigueras, realizar señalamientos en contra de aquellos que desnudamos sus nauseabundas trampas, el despilfarro del erario y que son la causa más profunda del rezago nacional.
No conformes con la funesta guerra jurídica emprendida, encuentran cómoda para sus discursos, la referencia despectiva hacia varios de los operadores de justicia, perseguidos políticos. La impunidad generada desde la fiscalía y las altas cortes les tiene no solo tranquilos, sino satisfechos.
Hacen leña del árbol caído, no esconden en su aversión al trabajo de fiscales que resultó tan traumático para sus vidas. Atacarnos les traerá réditos económicos y políticos, pero nunca alcanzará para comprarles lo que les falta en demasía: dignidad.
