“El problema de la financiación de la política ha adquirido una importancia cada vez mayor por sus consecuencias importantes en enturbiar la transparencia de las elecciones y deteriorar la legitimidad del sistema democrático y la ética de la administración pública” (Daniel Zovatto).
La siguiente reflexión fue realizada originalmente para el proceso electoral 2019; los argumentos que se esgrimen son válidos para el actual proceso electoral, lo que demuestra que lejos de solucionar nuestros problemas, estamos manteniendo nuestros desafíos e inercias, lo cual debería preocuparnos a todos. La reflexión intentaba plantear los problemas más relevantes de nuestra democracia, la que permite explicar toda la variedad de problemas que actualmente encontramos, por ello empezábamos haciendo un repaso histórico de los principales problemas irresueltos de nuestro sistema político-electoral.
Desde que Guatemala emergió a la vida democrática, el 14 de enero de 1986, el sistema político guatemalteco ha arrastrado cíclicamente una deficiencia muy marcada, y es el hecho de que el proceso de transición a la democracia se produjo con un sistema de partidos prácticamente inexistente, con una ley electoral que combinó la regulación del proceso electoral con la normativa que caracteriza a los partidos políticos (Decreto 1-85), la cual adolecía de numerosos problemas: una normativa demasiado rígida -rango constitucional-, con débiles controles al financiamiento electoral y los topes de campaña, altos requisitos de entrada a nuevos partidos políticos, pero una estructura minimalista para el funcionamiento partidario, así como una ausencia de regulación de la vida partidaria, lo cual produjo las principales deficiencias institucionales de nuestro sistema democrático:
Democracia, sin partidos políticos reales: los partidos, más que estructuras de representación, se conformaron como redes territoriales de inclusión por la vía del compadrazgo, el familismo amoral y el clientelismo, lo cual ha producido un sistema político sordo y ciego a las necesidades de la mayoría de la población.
Partidos franquicia, ya que la fortaleza partidaria dependía de la capacidad de captar financistas anónimos que respaldaran la expansión de las redes territoriales de inclusión, por lo que la fortaleza partidaria y la posibilidad del triunfo dependía de la calidad de bienes y servicios que ofrecían a la ciudadanía para asegurar el voto.
Competencia electoral inequitativa, ya que los partidos ganadores usaban los recursos institucionales para promover una prolongada campaña anticipada que se financiaba con los recursos institucionales que el candidato ganador controlaba, lo cual aseguraba una mayor capacidad de atraer nuevos financistas anónimos.
La reforma del 2016 intentó minimizar la competencia electoral inequitativa y reducir la naturaleza franquiciaría de los partidos políticos, pero dejó intacto el problema de la ausencia de partidos políticos reales, por lo que la sensación de falta de representatividad de las opciones electorales sigue vigente. Además, las restricciones al proceso electoral actualmente vigentes fueron muy efectivas en controlar la competencia electoral inequitativa. De la misma forma, las reformas 2016 también adolecen de errores técnicos que están provocando muchos problemas en la aplicación de la nueva regulación, lo cual indudablemente ha impactado en la alta incertidumbre que prevalece en el actual proceso electoral.
Encontrar una vía para evitar los problemas y las trampas que el sistema electoral reproduce desde 1985 a la fecha, por lo tanto, sigue siendo una tarea prioritaria que hay que enfrentar sin demora con posterioridad al proceso electoral 2023
