El país pasa por uno de los peores momentos en materia de justicia con un Ministerio Público (MP) al servicio de las mafias que han asaltado al poder y una Corte Suprema de Justicia (CSJ) cooptada desde que fueron electos mafiosamente. Tal parece que la regresión del Sistema de Justicia será lo que vivirá la población en los próximos años.
Hemos sido testigos de como el MP de Consuelo Porras se ha ensañado en contra de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra y no así con delincuentes confesos en Estados Unidos, como Manuel Baldizón o el diputado José Armando Ubico Aguilar.
A Baldizón se le acusaba de haber recibido un soborno de un millón de dólares por el caso Odebrecht, sin embargo, le fueron otorgadas medidas sustitutivas que le permiten que se vaya para su casa a descansar y a planear como seguirle robando al pueblo de Guatemala, mientras que a Laparra la condenaron a cuatro años de prisión por haber denunciado a un juez que supuestamente había revelado información a una persona que no era parte del proceso que se ventilaba en su Juzgado.
Ahora lo que quieren es que los criminales estén en la calle mientras que los fiscales de carrera y quienes descubrieron los casos de corrupción sean los que estén en la cárcel, qué más incoherencia que esta.
Este lunes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, informó que se han girado órdenes de captura en contra de la exfiscal Thelma Aldana, la exsecretaria General del MP, Mayra Veliz, el exmandatario de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), David Gaitán, el presidente de la Cámara Guatemaltecoamericana Amcham, Juan Pablo Carrasco de Grote, así como las acciones correspondientes para que “responda por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos” el excomisionado Iván Velásquez, por supuestas irregularidades en los convenios de colaboración eficaz del Caso Odebrecht.
Las órdenes de captura contra los exfiscales fueron giradas por la jueza Carol Patricia Flores, quien en el 2015 perdió la inmunidad por un caso en su contra, por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Estas acciones implementadas por el MP, buscan desacreditar y criminalizar a quienes le dieron esperanza al país de que una Guatemala diferente era posible. Hoy esos mismos actores corruptos siguen beneficiando a los verdaderos responsables de los actos de corrupción, porque ahora resulta que tanto Manuel Baldizón como Alejandro Sinibaldi eran niños de primera comunión y que los verdaderos culpables del robo de millones de quetzales, eran los que estaban investigando la corrupción.
Sin embargo, los guatemaltecos ya se dieron cuenta que esto solo se trata de una vil venganza de parte de todos aquellos que ahora se cobijan con el manto de impunidad que les garantiza el sistema corrupto. Esas estructuras criminales ahora incrustadas en el Estado verán su fin pronto, porque la ciudadanía volverá a salir a las calles a defenderse y los corruptos como siempre se esconderán de la furia del pueblo.
