El pasado viernes 20 de septiembre, inició la etapa más importante en el proceso de elección de cortes en Guatemala: la elección de candidatos para la integración de los futuros magistrados judiciales.
Luego de un intenso proceso en el que la sociedad guatemalteca ha ido acompañando cada etapa en la conformación de las comisiones de postulación que tienen a su cargo la elección de candidatos para las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ), el viernes se inició la etapa final: la votación para integrar los listados de candidatos potenciales que posteriormente, serán electos en el Congreso de la República. El antecedente inmediato de esta elección ha sido ya muestra de los muchos intereses que se juegan en esta elección: el último proceso de elección fue objeto de un intenso conflicto de intereses, que terminó en lo que ya conocemos: el estancamiento del proceso que llevó a la prolongación indebida de la anterior CSJ, y el nombramiento atropellado de los actuales magistrados que apenas llevan cerca de un año en sus puestos.
En cada etapa de este proceso, se evidenció la fuerte pugna de actores por instrumentalizar el proceso a su favor, iniciando por una de las más reñidas votaciones que se dieron en el Colegio de Abogados, una de las instancias que aportan comisionados para atender el proceso; seguido de todas las estrategias para retrasar y condicionar el inicio de labores de ambas comisiones, iniciando por la no comparecencia de algunos comisionados, la discusión férrea que se dio al inicio en torno a la sede donde se desarrollarían los debates, así como otras discusiones que han demostrado al menos tres conjunto de actores que tienen intereses en influir en el proceso.
La visión pesimista sobre la posibilidad de que algo bueno salga de todo esto es la tónica general, empezando por las apreciaciones que el panel de expertos y otros organismos internacionales han expresado al respecto del proceso de elección. La forma en que se ha construido la tabla de gradación, y los requisitos creados para aceptar y validar tachas que provienen de la sociedad civil, ya es un primer motivo de alarma: han llegado a esta etapa final del proceso de comisiones de postulación, candidatos ampliamente reconocidos por vulnerar la independencia judicial y por proponer intereses espurios desde sus puestos en el sistema judicial, empezando por los reconocidos fiscales del MP que se han identificado como contrarios a la democracia que aún tienen posibilidades reales de ser electos magistrados de las nuevas cortes, aspecto que demostraría la corrupción e impunidad que impera en el sistema judicial.
La buena noticia es que las fuerzas que intentan volver a controlar el proceso para colocar personajes poco idóneos que frenen la aspiración a contar con un sistema judicial mas independiente y proactivo en el combate a la arraigada impunidad que prevalece en el sistema político guatemalteco, no tienen la suma de votos para imponer a sus candidatos, por lo que es probable que en las próximas horas y días, se desarrolle un intenso cabildeo que determinará finalmente la nómina de candidatos que se presentará al Congreso de la República, lo que significa que aún hay posibilidad de que salga algo bueno de todo esto.
Independientemente de lo que ocurra en los próximos días, este proceso nos vuelve a demostrar la importancia de desarrollar procesos políticos e institucionales de mediano y largo plazo que intenten ir desmontando la marcada inercia del sistema a protegerse, de forma que se vulneran en cada acción de los actores, los intereses de las grandes mayorías silenciosas de Guatemala, a quienes se les niega la posibilidad de obtener mejores condiciones del sistema político guatemalteco: uno de los más importantes, es iniciar el proceso de rescate de los partidos políticos, para que sean estos los primeros defensores de una democracia incluyente, democrática y que realmente vele por el bien común de los guatemaltecos y guatemaltecas.
