En el último tiempo, la Fiscalía Especial para la Impunidad ha tratado de construir una narrativa torcida, relacionada con su perspectiva sobre la manera en que fueron gestionados los casos por la CICIG y la antigua FECI.
A partir de ese momento se han suscitado demasiados eventos, suficientemente documentados por los medios de comunicación, relacionados con la defensa férrea de los actores corruptos, y la destinación de acciones en contra de quienes descubrimos escandalosos actos de corrupción que se hicieron normales en la administración pública guatemalteca.
Entre los eventos documentados, que apuntalan esa narrativa distorsionada, están: 1) La negligencia en la presentación del material probatorio en el debate oral y público en el que se juzgó al ex diputado Julio Juárez; 2) El incumplimiento de deberes de los fiscales del caso relacionado con Blanca Stalling, que permitió su blindaje jurídico y que conllevó la reasunción de funciones como magistrada de la Corte Suprema de Justicia –con todas las ilegalidades implícitas en la decisión asumida por el máximo tribunal de justicia ordinaria para su reinstalación-; 3) El respaldo de la fiscalía a una decisión de la sala de apelaciones que protege al abogado Francisco García Gudiel, de graves señalamiento de lavado millonario de recursos por medio de una organización criminal dedicada al narcotráfico.
Podemos agregar a esta lista, la pobre actuación del Ministerio Público en el caso de Plazas Fantasma del Congreso, que culminó en una decisión de la juzgadora que escandalosamente sobreseyó a todos los implicados en el caso, sin importar la vulneración a los preceptos de integridad, transparencia, legalidad y la afectación al erario.
Abonan en esa tarea, de aval de gestiones de actores corruptos, la defensa de la resolución de la sala de la corte de apelaciones que declaró con lugar una acción instaurada por Alejandro Sinibaldi en el caso Odebrecht y que revocó las resoluciones que aprobaron los convenios de colaboración.
Sorpresivamente, Juan Carlos Monzón apareció como una nueva víctima de la CICIG, señalando el incumplimiento de compromisos, que por cierto no obran en los convenios de colaboración aprobados por el juez, pero que sirven en la caja de resonancia para la nueva versión de la historia judicial anticorrupción.
La reciente llegada a Guatemala de Manuel Baldizón, quien fue deportado de los Estados Unidos al haber cumplido una condena por un caso de lavado de activos, adiciona elementos a esta narrativa. De reconocer actos de corrupción y lavado de dinero en la justicia norteamericana, apareció a su llegada a nuestra tierra, señalando a quienes descubrimos su participación en graves actos ilegales.
Una gran cadena de actos, que no hacen dudar de la desenfrenada misión de la fiscalía de dinamitar los casos, gestionados a partir del esfuerzo, mística y la conciencia de la difícil tarea de derribar el muro de impunidad que históricamente ha protegido a los poderosos.
Juan Francisco Sandoval era un funcionario público más, quien puede o no ser de su simpatía, a quien se le achaca y reprocha cualquier conducta documentada o imaginaria, pero en realidad esto no se trata de lo que pude haber realizado cuando ejercí funciones públicas.
Lo importante aquí es, como todo el aparato estatal trabaja, sistemáticamente, para maquillar los actos de saqueo al erario, y así distorsionar la realidad de casos que fueron presentados ante la opinión pública, con suficiente sustento probatorio.
Los actos con los que se manipula actualmente al sistema de justicia, están públicamente evidenciados, y dejan clara la construcción de artificios para perjudicar a quienes descubrimos sus fechorías; ahora imaginemos de lo que puede ser víctima un ciudadano en su vida cotidiana.
Para que no se siga construyendo los cimientos de la nueva y falaz historia que está en ciernes, los habitantes del país, deben derribar el muro de la indiferencia, porque tarde o temprano serán víctima de las perturbadoras acciones del Estado contra el ciudadano.
