“Usaremos nuestras herramientas para ayudar a garantizar que los especuladores corruptos enfrenten consecuencias por robarle al pueblo guatemalteco”, Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera
El pasado 18 de noviembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló la corrupción en el sector minero de Guatemala respaldado por Rusia y sancionó bajo la Ley Magnitsky a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), la Compañía Procesadora de Níquel (ProNico) y Mayaniquel.
Estas tres mineras forman del grupo Sloway Investment lideradas en Guatemala por el ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, también sancionados por el Departamento del Tesoro, señalados de haber dirigido múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucra a políticos, jueces y funcionarios en nuestro país.
Esta sanción es parte de la investigación sobre la «alfombra mágica», en la cual se encuentra supuestamente involucrado el presidente Alejandro Giammattei y seguramente otros funcionarios del Gobierno de turno. Es preciso recordar que el empresario y exministro de Economía de Giammattei, Antonio Malouf fue el encargado de negociar con los rusos y de crear vínculos con quienes ahora son sancionados por actos de corrupción por parte de los Estados Unidos.
También hay que resaltar que los indicios de esa investigación fueron revelados por el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, causa por la cual Giammatttei pidió a la Fiscal General, Consuelo Porras, la remoción y destitución de Sandoval quien fue obligado a salir al exilio.
Según lo revelado por Sandoval, Giammattei podría estar involucrado en la “trama rusa”, supuestamente por recibir sobornos para otorgar beneficios a empresarios de ese país, todo esto a los ojos y oídos de la Fiscal General, que hasta el momento sigue siendo sorda, ciega y muda.
Porras aseguró desconocer la existencia de esta investigación, y posteriormente acusó a Sandoval de no informar sobre el proceso y desarrollo de la misma.
Lamentablemente, la justicia está llegando de parte de los Estados Unidos y no desde el ente investigador de Guatemala, pues ha estado más ocupado en perseguir a operadores de justicia inventándoles casos y no en realizar investigaciones sobre actos de corrupción, las cuales podrían afectar a otros funcionarios a quienes les han permitido seguir en el poder.
Por su parte, el Ejecutivo informó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que recibió la notificación correspondiente de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., y trató de lavarse las manos asegurando que las licencias de exploración y explotación con las que operan las empresas mineras de capital ruso sancionadas fueron ingresadas y concedidas durante gobiernos anteriores.
Además, se atrevió a decir que éstas sanciones son resultado de un estrecho trabajo y comunicación continua del Gobierno de Guatemala con agencias del Gobierno de Estados Unidos, mismo al que ha denunciado de intromisión y de no respetar la soberanía del país.
Con esto queda claro que el Gobierno “trabaja” de la mano con Estados Unidos solo cuando le conviene y no afecta sus intereses. Mientras el Departamento de Estado y del Tesoro, así como congresistas estadounidenses han hecho énfasis en que los funcionarios involucrados en corrupción deben recibir las sanciones por sus actos.
Pero aún faltan muchos más por recibir su castigo, esperamos que más pronto que tarde continúen cayendo los que tanto daño le han hecho al país buscando su propio beneficio.
