El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez solicitó medidas de protección a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por ser víctima de una serie de ataques, hostigamientos y coacciones luego de su resolución en el caso “Diario Militar” al enviar a juicio a nueve militares por los delitos de detención ilegal, tortura, desaparición forzada, homicidio y violencia sexual contra 195 personas.
La solicitud de protección fue presentada por el juzgador por medio de un memorial en el que incluye las amenazas en su contra efectuadas por integrantes de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) en diversos medios de comunicación y redes sociales.
Gálvez hizo alusión a un twitt publicado por Ricardo Méndez Ruiz en el que aseguraba que el juez pronto estaría preso o en el exilio así como sucedió con la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra y la exjueza Erika Aifán; así como uno publicado por Raúl Falla en el que instaba a Miguel Ángel Gálvez a denunciar a la FCT, Méndez Ruiz y Falla, tal y como lo había indicado y que se dejara de andar quejando, llamándolo cobarde y amenazándolo con muerte civil.
“Los mensajes descritos constituyen una grave amenaza a mi intimidad personal, y también, son expresiones que buscan dañar el ejercicio de mi función jurisdiccional. Cabe agregar que, a partir de tales mensajes, a través de distintas cuentas anónimas se intensifican los mensajes de odio”, se lee en el memorial.
Además, recordó que la FCT ha promovido múltiples denuncias penales y solicitudes de antejuicio en su contra. “Dicha acción atenta contra mi independencia judicial y busca impedir que continúe con mis funciones jurisdiccionales, tratando de apartarme ilegítimamente del cargo que actualmente ejerzo, a través de acciones de criminalización indebida”, indicó.
La CSJ no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, no es la primera vez que la seguridad y la garantía de independencia de Miguel Ángel Gálvez está en riesgo, ya que en junio de 2021 el juez denunció que era seguido por carros sin placas.
Por su parte, la fundación para el debido proceso, Vance Center y el centro Kennedy para los Derechos Humanos solicitó al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) velar por el respeto de la independencia del juez Miguel Ángel Gálvez, quien es uno de sus agremiados y ejerce la abogacía desde el despacho judicial.
