El Cyrus R. Vance Center para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York (Vance Center) en su informe “La criminalización de personas operadoras de justicia en Guatemala- estrategia para asegurar la impunidad”, evidenció un patrón sistemático de criminalización de juezas, jueces y fiscales independientes que llevaron casos de corrupción de alto nivel contra actores del gobierno y otros grupos, como una estrategia para asegurar la impunidad en Guatemala.
Dicho análisis muestra un aumento de los ataques a la independencia de juezas, jueces y fiscales, especialmente tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019.
“Los ataques se intensificaron cuando las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) fueron obstaculizadas y cuando fue destituido su Fiscal Jefe (Juan Francisco Sandoval). Desde entonces, las y los jueces y fiscales que se ocupan de casos de alto impacto han sido blanco de acciones que van desde campañas de difamación y hostigamiento, a través de las redes sociales, hasta denuncias administrativas y penales”, indicó el Vance Center.
Asimismo, indicó que los estándares internacionales para proteger la independencia judicial durante los procesos disciplinarios no han sido respetados en Guatemala, también se han violado los Principios Básicos sobre la Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas y los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En la mayoría de los casos, los actuales querellantes contra juezas, jueces y fiscales son personas que habían sido investigadas por corrupción por ellos. A pesar de que las personas operadores de justicia realizaron estas investigaciones en cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales, hoy sufren represalias por haber investigado, aseguró.
Además, que ciertas organizaciones e individuos inician regular y sistemáticamente procedimientos judiciales o disciplinarios en represalia contra juezas, jueces y fiscales. Estos también involucrados en actos de intimidación contra personas operadoras de justicia.
“Es muy sospechoso el alto número de denuncias contra cada operador de justicia en la lucha contra la corrupción. Esto demuestra una estrategia para abusar de cualquier opción legal disponible para eliminar la participación de jueces, fiscales y otros operadores de justicia en procesos e investigaciones”, mencionó el Vancer Center.
Por ello, por medio de su informe recomendó al Ministerio Público y las demás autoridades de Guatemala, analizar y desestimar las denuncias contra juezas, jueces y fiscales y demás operadoras de justicia basadas en razones espurias o políticas, carentes de verdaderos medios de convicción, y no permitir el avance de la estrategia para asegurar la impunidad en Guatemala.
“Las autoridades guatemaltecas deben analizar y tomar las medidas correspondientes en contra de las personas que amenazan públicamente a las personas operadores de justicia de manera recurrente y sistemática, abusando de los recursos legales para ejercer represalias en su contra”, mencionó.
Por su parte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas deben responder de manera efectiva a las solicitudes de protección de las personas criminalizadas, puntualizó.