“Consuelo Porras se equivoca si cree que el Gobierno cederá ante las intimidaciones y hostigamientos ilegales” Bernardo Arévalo
Al inició del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, se sabía que uno de los principales obstáculos a su mandato iba a ser la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, debido a que fue ella quién desde junio del año pasado, desempeño un papel decisivo a la hora de amenazar el relevo de mando entre Alejandro Giammattei y el actual gobernante: durante meses, tanto los guatemaltecos como la comunidad internacional, presenciaron horas de angustia, frente a las reiteradas y abusivas amenazas que provenían de uno de los fiscales más odiados de Guatemala: el fiscal Rafael Curruchiche. A inicios del presente año, tal incertidumbre pareció desvanecerse, por lo que muchos no dudaron en celebrar el inicio de lo que parecía una nueva era política en Guatemala.
La expectativa inicial era que una vez con Arévalo en la presidencia, el nuevo gobierno iba a desarrollar un plan político – institucional para desmantelar la conspiración institucional que amenazó su presidencia durante meses, por lo que se esperaba con ansias el momento en el que el mandatario se decidiera a usar todos sus recursos políticos, legales e institucionales, para destituir a la Fiscal Porras. La opinión dominante al respecto ha oscilado entre dos polos: quienes afirman que el mandatario puede remover a la Fiscal, aunque no queda claro el procedimiento concreto; mientras que otros afirman que este extremo es imposible: aun si pudiera encontrar la forma legal de destituirla, al hacerlo se expondría a una reacción unificada tanto del sistema político actual -donde el partido semilla no tiene una correlación de fuerzas favorable-, como del sistema judicial en su conjunto -se sabe que las más altas cortes no son proclives al nuevo gobierno-, por lo que el resultado final sería el juicio político al gobierno y la destitución legal de Bernardo Arévalo. Ante ese panorama, algunos analistas ingenuamente sugirieron que se debía encontrar la forma de “convivir” con los enemigos, de manera que se esperara los 2 años y medio que le quedaban a la fiscal Porras para nombrar un relevo más afín al gobierno del partido Semilla.
Durante meses, Arévalo pereció dedicarse únicamente a desactivar las numerosas trampas que le heredó el gobierno anterior, algo que fue haciéndose evidente mientras más se conocían todas las medidas perversas y los negocios turbios que permitió el que ahora se considera el peor gobierno de toda la historia de Guatemala: Giammattei no solo fue perversamente astuto, sino que supo tejer toda una serie de aliados que aún conservan poder dentro del sistema político, tal como lo demuestra la reinstalación anómala del presidente del Bantrab, Jorge Mondal, gracias a una nueva resolución de la actual Corte de Constitucionalidad (CC). Las últimas semanas, sin embargo, el gobierno fue encontrando la forma de ir paulatinamente enfrentando a sus adversarios, tal como lo demuestra el antejuicio que se promovió en contra de tres magistrados suplentes de la CC. A finales del mes de julio, sin embargo, se supo de un nuevo ataque del Ministerio Público en contra del actual gobierno: primero, se supo de que el ente investigador tenía ya en su poder el padrón electoral completo, gracias a una diligencia que se ejecutó en la sede del tribunal electoral, sino que ahora ha iniciado una acción en la Corte de Constitucionalidad para destituir y procesar a altos funcionarios del actual gobierno, incluyendo al presidente Arévalo.
Si se tiene en consideración que el gobierno de Arévalo ya parece contar con una voluntad política y con una estrategia comunicativa cada vez más directa para evidenciar y combatir la corrupción, es claro que las fuerzas opositoras irán acelerando las condiciones que permitan derribar finalmente tal iniciativa anticorrupción, por lo que se espera que ya a estas alturas, es imposible una “tregua” en donde permanezcan todos los actuales actores enfrentados; en ese sentido, o prevalece la postura de Consuelo Porras y se destituye a los funcionarios señalados y se procesa al presidente Arévalo, o por el contrario, el mandatario encuentra la forma de destituir o neutralizar a la jefa del Ministerio Público.
